La Cooperativa pidió seis años de prórroga para reubicar los transformadores de su sede

Colonia Caroya. En la primera sesión del año del Concejo Deliberante, la Cooperativa de Servicios Públicos de colonia Caroya y Jesús María Ltda. pidió una prórroga para dar cumplimiento con una ordenanza aprobada en el año 2018, que la obliga a remover los transformadores de energía que están en la manzana de su sede administrativa de José Alice y Don Bosco.

El Consejo de Administración pidió seis años más para terminar de ejecutar el traslado y rediseño del sistema energético.

“Para desmontar la planta de transformación y rebaje de la actual ubicación, primero se debe tener en funcionamiento el nuevo transformador en la playa de EPEC; también debemos construir nuevas líneas de distribución, que nos permitan llevar la potencia desde esa nueva ubicación a todo nuestro radio de prestación de servicio”, aclararon las autoridades de la Cooperativa en una nota enviada a los ediles caroyenses.

“Todo esto implica una inversión multimillonaria que en el contexto de inflación actual no nos permite conseguir financiamiento; el presupuesto estimado es de 4 millones de dólares, de los cuales ya se invirtió 1,2 millón”, agregaron.

Los consejeros advirtieron en e-se comunicado que, en caso de rechazar el pedido, la región quedaría con el “40 por ciento de la energía necesaria”.

Logró la habilitación. 

El debate por la presencia de los transformadores en Ruta Nacional 9 y Av. San Martín se instaló cuando entró un proyecto de factibilidad para instalar una estación de servicio en el terreno de calle Don Bosco y la actual colectora de la ruta.

La incompatibilidad de tener separados por una medianera a un establecimiento de expendio de combustibles y un parque de energía eléctrica derivó en numerosas presentaciones de carpetas de ambas partes, que querían demostrar que había -o no- riesgo, según cada caso. 

Durante la gestión del intendente Gustavo Brandán rechazaron la viabilidad  de este trámite que se había iniciado en 2007, pero el tema terminó en una demanda judicial y en un potencial juicio.

La firma Cappri tenía los elementos para salir airosa del conflicto, lo que hubiese significado una erogación impensada para el municipio.

En consecuencia, en junio del año pasado, el propio Brandán firmó el definitivo Decreto 462/22 que da lugar a la solicitud de autorización de uso de suelo y habilitación municipal del proyecto de instalación de una Estación de Servicios bajo la condición de que la firma desista de las acciones judiciales.

Entre tanta discusión, en 2017 le pidió a la Cooperativa que, igualmente, saque los transformadores de la zona urbana porque ya no deberían estar allí, sin importar qué establecimiento se levante en el terreno lindante.

En octubre de 2018 se aprobó la ordenanza que emplazaba a la entidad a que en un plazo de 18 meses trasladara todo. 

En ese momento, removerlos costaba 75 millones de pesos y las autoridades de la Cooperativa anunciaron que era “imposible”; hoy serían 1.500 millones de la moneda nacional.

25-02-2023