Colonia Caroya. Vecinos y vecinas de la ciudad solicitaron la Banca del Ciudadano para exponer sobre su oposición “expresa, firme y rotunda” a la instalación de un horno crematorio en el sector propuesto por la Cooperativa de Servicios Públicos, en proximidades del río Carnero.
En la presentación estuvieron Luis Pastawski y Ximena Jaramillo, en representación de 120 firmantes de una nota que entregaron al Legislativo.
En ella dicen: “Solicitamos al Departamento de Obras Públicas y el Concejo Deliberante no autorice, habilite, adjudique, ceda ni permita la instalación del mencionado emprendimiento en el lugar propuesto, atendiendo a las características de la actividad, su potencial impacto ambiental, su proximidad con sectores habitados y su localización próxima a un curso de agua de importancia para nuestra comunidad. Nuestra oposición se fundamenta en razones ambientales, territoriales, sanitarias y de protección de la calidad de vida de los habitantes de Colonia Caroya, y se encuentra respaldada por normas de jerarquía constitucional, nacional, provincial y municipal”.
Los fundamentos legales.
La petición se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo asimismo el deber de las autoridades de proteger este derecho, utilizar racionalmente los recursos naturales y preservar el patrimonio natural.
En concordancia con ello, el artículo 18 de la Carta Orgánica Municipal de Colonia Caroya reconoce expresamente el derecho de los habitantes a la salud, a gozar de los beneficios de un ecosistema equilibrado y a un ambiente limpio y sano y al desarrollo sustentable.
La protección ambiental, por lo tanto, no constituye una cuestión secundaria frente a otros intereses, sino un deber concreto de las autoridades municipales.
Además, el artículo 72 establece: “Los funcionarios municipales tienen la responsabilidad de impedir toda actividad que suponga la puesta en riesgo del equilibrio ambiental”, protegiendo la salud y el desarrollo armónico de la comunidad.
Asimismo, dispone que el municipio debe preservar la cuenca hídrica regional y establece que todo proyecto de obra o actividad pública o privada que, por su magnitud o impacto, pueda poner en riesgo el equilibrio ambiental y la salud de los habitantes debe contar con evaluación previa de impacto ambiental, audiencia pública y referendum popular.
Además, dice textualmente que debe dictar normas que impidan la instalación de “incineradores y otras tecnologías que emitan gases contaminantes y tóxicos".
En cuanto al crematorio, los vecinos consideran que debe ser analizada de manera particularmente rigurosa respecto de sus procesos de combustión, emisiones atmosféricas, tecnología utilizada, sistemas de filtrado, condiciones de funcionamiento y mecanismos de control.
También citan la Ley Provincial N° 10.208 de Política Ambiental, modificada por la Ley N.° 10.830, que hace referencia al Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública obligatorios para instalar crematorios, al igual que el artículo 15 de la Ley 10.208.
Los argumentos de los vecinos generaron discusiones y consultas entre los concejales, que le dedicaron cerca de una hora al tema.
Otro planteo interesante que hicieron fue que, desde una perspectiva socio antropológica, “la disposición final de los cuerpos es un derecho cultural y democrático. Si se van a utilizar recursos comunitarios de vecinos con diversas creencias y posturas frente a la muerte, el Estado debe garantizar un Complejo Funerario Integral, que incluya cementerio tradicional, parque y crematorio para respetar todas las decisiones individuales y familiares”.
Un proyecto así es inviable en el terreno semiurbano y acotado que se propone
Alternativa
Por el otro lado, propusieron reconvertir una fracción del centro de salud en construcción en el Parque Guyón en una sala pediátrica de 24 horas.
“La demanda en la zona es crítica y las familias necesitan respuestas cuando el sector público provincial y el privado no dan abasto o están cerrados”, comentan en la nota presentada al Concejo.
La otra propuesta es comprar una unidad para emergencia neonatal pública móvil de alta complejidad. “Hoy, si un recién nacido en Colonia Caroya o en cualquier localidad del norte sufre una emergencia de vida o muerte, dependemos enteramente de que una ambulancia equipada viaje desde la capital. En medicina de emergencia infantil, cada minuto que se pierde esperando un traslado es la diferencia entre la vida, las secuelas permanentes o la muerte”, explican.
01-11-2026
