Rechazo al veto a la Ley de Discapacidad

Este martes hubo en Jesús María una nueva concentración de prestadores, personas con discapacidad, familias, transportistas. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora y diputados nacionales del “cordobesismo” se manifestaron en contra del veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad

05 de agosto de 2025
Marcha discapacidad

Toda la zona. Este martes hubo en esta ciudad una nueva concentración de prestadores, personas con discapacidad, familias, transportistas.

Al mediodía, se auto convocaron en la Explanada de la Estación del Ferrocarril para manifestarse en contra del veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad aprobada en ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional.

Cabe recordar que, en la marcha realizada el jueves 29 de mayo, en su recorrido les salió al encuentro el intendente Federico Zárate, quien se mostró solidario con su pedido por más recursos para las políticas de discapacidad y se ofreció para acercarle la preocupación y la solicitud al agrodiputado Luis Picat. O se olvidó de decirle o fracasó con todo éxito en su gestión porque Picat apoya el veto presidencial a la ley sancionada en las Cámaras. Mientras bajen las retenciones .aunque sea de manera cosmética- lo demás no está en sus prioridades: ya votó en contra de los aumentos a los jubilados, la reducción del presupuesto universitario y ahora los aportes para personas con discapacidad. 

En realidad, ese 29 de mayo, Zárate ignoraba que un grupo de prestadores ya le había hecho llegar al ex intendente un informe de situación y había obtenido como respuesta que le pidan a los políticos provinciales.

A nivel departamental, el ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Gustavo Brandán, también se sumó a este rechazo y por la red X, se expresaron en el mismo sentido la Vicegobernadora, Myriam Prunotto; el propio Brandán y Gustavo Bustos (Director de Caminos de las Sierras); las legisladoras Luciana Presas y Luciana Romero; los intendentes Miguel Pittaro (La Granja), Miguel Aguirre (Agua de Oro), David Strasorier (Salsipuedes), Carolina Crístori (Saldán), Juan Panichelli (Colonia Tirolesa), Gastón Mazzalay (Malvinas Argentinas), Claudia Acosta (Mi Granja), Darío Arata (General Paz) y Fabién Reschia (Juárez Celman); y los jefes comunales José Garzón (El Manzano), Natalia Di Pace (Villa Cerro Azul) y Dalma Bustos (Tinoco),  

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, participaron de un encuentro en el que representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad plantearon ante los legisladores nacionales de Hacemos Unidos - Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez- la urgente necesidad de que se declare la emergencia, y recibieron el compromiso expreso del Gobierno provincial y del bloque legislativo para sostener la ley y rechazar el veto presidencial.

A su vez, transmitieron el apoyo expreso en el mismo sentido Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota, quienes se vieron imposibilitados de asistir.

En relación al veto de la ley de emergencia de discapacidad, Llaryora indicó: “Claramente, el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es, simplemente, una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.

Al cierre del encuentro, la ministra Montero agradeció la respuesta a la convocatoria, señaló que continuarán trabajando de manera articulada con todos los sectores y que, a diferencia de lo que ocurre en la Nación, la discapacidad en Córdoba es una política pública: “La Provincia de Córdoba aporta al año 127 millones de pesos en discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio al que el gobernador hacía referencia, 5.300 millones en acción social desde Salud, unos 500 millones en deporte adaptado”.

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