Córdoba. La Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, revocó -por unanimidad- el sobreseimiento dispuesto por el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba por la contaminación del río Suquía con el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que había beneficiado al ex intendente Ramón Javier Mestre y a siete ex funcionarios suyos, entre ellos Luis Emilio Grión, quien era el responsable de mantenimiento de redes.

La Cámara, a su vez, dispuso que se continúe con la investigación, apartando al juez de primera instancia Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Montesi, quien encabezó la resolución, sostuvo que “corresponde proseguir con la investigación de los hechos denunciados en relación al aumento de contaminación que habría sufrido el río Suquía por un supuesto funcionamiento defectuoso de la planta de tratamiento de residuos cloacales Edar– Bajo Grande”.

La magistrada consideró que no se encuentra agotada la investigación, debiendo ahondarse el marco probatorio, “toda vez que el juez de primera instancia se basó en las declaraciones de los propios imputados e informes por estos elaborados, sin encontrarse debidamente acreditados, a la vez que no se llevó a cabo la ampliación de una prueba pericial que había sido ordenada por la Cámara Federal en diciembre de 2022″.

“Entiendo, en definitiva, que no se han desplegado todas las medidas necesarias para la averiguación de la verdad real y la determinación de la responsabilidad penal de los imputados, lo cual obliga a agotar la tarea instructiva y extremar las exigencias a la hora de adoptar una decisión que cierre definitivamente la causa. Máxime si se tiene en cuenta la materia que trata los hechos investigados, por encontrarse en juego un potencial grave daño al medio ambiente”, fundamentó la jueza.

Ramón Mestre y Luis Grión habían sido sobreseídos por la presunta contaminación cloacal del río Suquía por el juez federal Miguel Vaca Narvaja a fines de marzo de este año. Al conocerse la decisión, el fiscal Enrique Senestrari apeló la medida.

El apartamiento del juez Federal Nº 3 de Córdoba se justificó por considerar que ya se ha pronunciado sobre la situación procesal de los imputados y expuso su opinión sobre el asunto, por lo que en caso de seguir interviniendo, podría verse afectada la imparcialidad que se exige de los jueces frente al caso concreto.

 

El hecho.

En 2018, el entonces concejal Santiago Gómez y el Foro Ambiental de Córdoba interpusieron una denuncia penal por contaminación de río Suquía con líquidos cloacales provenientes de Bajo Grande.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sostuvo que el caso era de jurisdicción federal y ordenó un proceso judicial acelerado.

El juez Vaca Narvaja solicitó dos estudios científicos sobre el estado ambiental en la cuenca, donde se registraron altos niveles de contaminación que iban en aumento. 

El informe también fue enviado, en ese momento, al ministro de Medio Ambiente de la provincia.

Ramón Mestre y siete funcionarios de su gestión fueron citados en 2022 por la Justicia Federal.

Un año después, el mismo Juez los sobreseyó. Para hacerlo, argumentó que no hubo, de parte de la fiscalía ni de la querella, precisiones en relación a estas conductas omisivas y, de acuerdo a las pericias, el agua que llegaba a la desembocadura de la Mar Chiquita, en la laguna Del Plata, llegaba con límites tolerables de fósforos y  bacterias.

Al no encuadrar en ningún delito, el juez federal resolvió el sobreseimiento.

Por su parte, el fiscal federal Enrique Senestrari lo apeló. “Consideramos que la resolución tiene un grave defecto, que es haber tomado casi textual un planteo defensivo y haberse abstenido de evaluar con un juicio crítico e imparcial que hablan de por qué nosotros consideramos que sí hubo responsabilidades desde la intendencia hacia abajo en el manejo de los residuos cloacales y la contaminación de la laguna”, le dijo a Radio Universidad. 

Senestrari agregó que “el fallo deja bien en claro que sí hubo contaminación, cosa que antes discutía el tribunal; hoy admite que sí la hubo y se basa en decir que no se puede pensar que un intendente y los funcionarios, que hicieron cosas para evitarlo, tengan responsabilidad penal”.

“Nosotros creemos que una cosa es decir que se hacen cosas y otra es hacerlas; y nos hemos basado en testimonios y pericias; y el juez, para tener esta noción de certeza negativa acerca de la responsabilidad penal de las personas que acusamos, tiene que tener datos certeros y claros que no permitan una solución distinta a la del sobreseimiento; y no la tiene porque para eso debió decir por qué descarta las pruebas que invocamos desde la fiscalía”, amplió.

18-09-2023