Luis I, el virus de la tentación autocrática.

Jesús María. Cuenta la historia que allá por 1655, el entonces rey Luis XIV de Francia pronunció su célebre frase: “El Estado soy yo”, que no era otra cosa que una reafirmación personalizada del sistema monárquico y su concepción autocrática del poder. Se reservaba para sí mismo (y para nadie más) todos los atributos y poderes para manejar los asuntos públicos como le viniera en gana.

365 años después, la comarca de Jesús María vive un proceso similar con la pretensión de su intendente, el rey Luis Picat I, de quedarse con la suma del poder público para gestionar, que supone la degradación del  Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas a meros objetos decorativos, sin más funciones que convalidar lo que el Ejecutivo municipal decida.

En silencio absoluto y sin las explicaciones obvias que el tema amerita, Luis Picat envió el pasado jueves al Concejo Deliberante un proyecto de amplísima Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social, que no es otra cosa que una delegación de funciones absoluta hacia el intendente, que tendrá en sus manos (se descuenta que la norma será aprobada) un cheque en blanco para hacer lo que quiera.

El proyecto se inscribe obviamente en la necesidad de agilizar procesos de decisiones y tener más herramientas para pelear contra el coronavirus, pero sus alcances son tales que implica un replanteo total de la administración municipal, sin más instancia de control –y sólo en algunos casos- que “informar” (solo informar) a concejales y tribunos las decisiones tomadas, en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la concreción de las mismas.

¿Cuáles son las facultades extraordinarias que tendrá el intendente? Casi nada:

Financiamiento.

Tomar créditos bancarios o de cualquier otra naturaleza, poniendo como garantía hasta un 5% de la coparticipación, de la recaudación propia por cobrar y hasta de inmuebles municipales.

En este caso el alerta es doble: por la herramienta en sí y por quién y cómo la usa. Recordemos que el que pide esta facultad es el mismo Ejecutivo que pretende hacer caer una paritaria ya acordada y aprobada con los trabajadores municipales, a cambio de acceder a una agresiva promoción comercial de un banco privado que, en un acto de majestuosa generosidad,  le “regalaría” $9.000 a cada empleado para quedarse con esa jugosa cartera de clientes.

Lindo dilema para el abogado Jorge Navarro, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, que revista como referente del Partido Obrero. ¿Un trotskista avalando que su sindicato resigne un aumento salarial, por una dávida de un banco privado? Nunca se vio.

Si el Ejecutivo no trepida en acordar con la banca privada para que se haga cargo de parte de la planilla salarial de sus empleados, ¿qué otras cosas está dispuesto a hacer para conseguir financiamiento en esta coyuntura y a qué costo?. Dudas legítimas que nadie responderá.

Personal.

Libertad absoluta para reestructurar, trasladar, cambiar funciones, dependencias y tareas, cambiar horarios. Reducir  y/o suspender horas extras, adicionales no remunerativos y remunerativos generales, el pago de todo tipo de suplemento y/o bonificaciones al personal.

Por mucho menos que esto, en otras épocas el “combativo” STM estaría en pie de guerra.

Lo mismo vale para la discrecionalidad del Ejecutivo en los recortes. Un botón de muestra: mientras se viene este ajuste generalizado y arrecianversiones sobre mensajes de Whatsapp en los que funcionarios de primero y segundo orden les estarían pidiendo a sus trabajadores dependientes que hagan “donaciones voluntarias” de sueldo, el secretario de Gobierno, Federico Zárate, ratificó la vigencia de una bonificación salarial del 20% para su mamá, que se desempeña en el ámbito de la Secretaría General (ver Resolución 120/20, del día 6 del corriente mes, con la firma de Luis Picat y Adolfo Gross.).Parece que la vara no es igual para todos.

Convenios y contratos.

Disponibilidad plena para renegociar cánones y contraprestaciones por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y/o permisos otorgados, y/o para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar la caducidad de los mismos. Revisión de la totalidad de los contratos de compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con sus proveedores o terceros. Implica la posibilidad de suspender, modificar, anular o rescindir las contrataciones.

En este caso se adelantaron. Por ejemplo: Aún sin tener todavía la ordenanza aprobada, días atrás el intendente le notificó a la firma SUM (Servicios de Urgencias Médicas) que de manera unilateral dejaba sin efecto desde el 1° de mayo esa cobertura para los empleados municipales. Va de nuevo, para que se entienda mejor: en plena pandemia, se prescinde de cobertura de salud para los municipales.

Y no se trata sólo de si tienen una emergencia en vía pública o en su lugar de trabajo. En la práctica, para los municipales SUM funcionaba como una virtual obra social, que incluso mucho de ellos extendieron a sus grupos familiares abonando un diferencial. Ahora, si se accidentan…. a reclamarle a la ART. Que tengan suerte. ¿Tendrá algo para decir sobre esto el Sindicato?

De remate.

El intendente podrá enajenar bienes inmuebles, muebles registrables, muebles, útiles y todo tipo de bienes municipales en desuso y/o que no se encuentren afectados a la prestación de servicios esenciales.

Parece que el Covid-19 le cumplirá a Luis Picat sus deseos. Ya era intendente, pero ahora (cuando se apruebe la ordenanza) podrá hacerlo como más le gusta: con manos libres para hacer y deshacer a gusto, como si estuviera en su propia empresa. Suena coherente, porque él siempre pensó que lo público era privado y que en ambos sectores se podía gestionar de la misma manera.

La pandemia nos trajo calamidades y nos ha puestolamentablemente a la defensiva. Por el coronavirus en sí, pero también por otro virus tanto o más peligroso: los desvaríos mesiánicos de algunos gobernantes.

Rubén Curto.

18-04-2020