Desde la vigencia de la ley IVE, en Jesús María se realizaron unos 250 abortos por año

Jesús María. Después de un intento previo fallido y de un áspero debate, a fines de diciembre de 2000, en el país se aprobó la ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que legalizó el aborto hasta las 14 semanas de gestación. La norma se promulgó en enero de 2021, pero su reglamentación y operativización práctica demandó varios meses más.  

En aquella discusión pública se exacerbaron dos posiciones antagónicas, muy difíciles de conciliar. 

Por un lado, la mirada más asociada a la religiosidad y al imperativo teórico de supuestamente “salvar las dos vidas” (de la mamá y del embrión), manteniendo la punibilidad del aborto. 

Este sector pintaba un panorama poco menos que apocalíptico frente a la despenalización e idealizaba -en algunas posturas extremas- una avalancha de “asesinatos” de fetos y mujeres que irían corriendo gustosas a abortar, como si se tratara de una experiencia deseada o placentera, aunque ahora sí, habilitada legalmente.

Y por el otro, la argumentación desde la salud pública y la necesidad de salvar vidas de mujeres que hasta mediados del 2001 igualmente abortaban, pero en condición de clandestinidad y riesgo sanitario, además de la reivindicación de los colectivos femeninos en favor de que las mujeres puedan -por fin- decidir ellas mismas sobre sus propios cuerpos.

Al debate legislativo lo ganó esta segunda posición y la IVE es ley vigente, pero…  ¿qué pasó en la realidad en los últimos cuatro años? ¿Pudieron efectivamente las mujeres acceder al aborto legal, seguro y gratuito? ¿Cómo fue ese camino, particularmente en Jesús María, considerando que en las ciudades de menor escala los servicios públicos de salud suelen llegar más tarde y mal, en comparación con los grandes centros urbanos?

Seguro, legal y gratuito

Las estadísticas oficiales de la Municipalidad de Jesús María dan cuenta de que en ese período un total de 1011 mujeres accedieron al servicio de IVE. En 2022 fueron 266 casos; en 2023, 341 y en 2024, 229. Podríamos hablar de un promedio de 250 prestaciones por año.

La implementación de este derecho de las mujeres a solicitar acompañamiento para interrumpir su embarazo no fue lineal, ni automática. 

Por empezar, en el Hospital Regional Vicente Agüero, referente para buena parte del norte cordobés, la totalidad de los profesionales médicos ginecólogos y obstetras se declararon objetores de conciencia, vale decir que se abstienen de realizar prácticas abortivas invocando cuestiones morales, personales o convicciones religiosas.

Eso dejó el terreno libre para que fuera la Municipalidad quien asumiera tempranamente la prestación del servicio, a través de su equipo de Salud Sexual, comando por Kenia Torres, médica comunitaria y de familia.

Se estableció así una coordinación de ida y vuelta. El Hospital y también colectivos feministas receptaban demanda y la derivaban al municipio para que avance en la IVE; y a su vez, el municipio asumía el compromiso de devolver al Hospital casos con eventuales complicaciones, ya que en tales circunstancias no rige la objeción de conciencia y brindar atención médica es obligatorio.

La motosierra no sabe de derechos

Ese esquema se modificó en parte el año pasado, porque finalmente el Hospital pudo armar su propio equipo de prestación IVE, a través de médicos de familia.

Además, la Municipalidad restringió sus prestaciones exclusivamente a mujeres de la ciudad y derivó al Hospital todas las consultas prevenientes de otras localidades, que no son pocas.

Así, el esquema quedó virtualmente partido en dos: la mitad de las pacientes son de Jesús María y se referencian en el equipo de salud municipal; y la otra mitad concurre al Hospital Regional.

El telón de fondo que explica estos cambios también tiene que ver con decisiones ajenas al ámbito local y regional. El gobierno del presidente Javier Milei también pasó la motosierra a buena parte de los programas de salud y en el caso particular de salud sexual e IVE, directamente bajó a cero los envíos. Desfinanció por completo los programas de anticoncepción y de IVE.

En el caso de los abortos, la medicación es provista actualmente por el Ministerio de Salud de Córdoba, mientras que los anticonceptivos (orales e inyectables) llegan también desde Provincia y el propio municipio. Solo así se pudieron mantener en pie ambos programas.

El Gobierno nacional se desentendió absolutamente de estas cuestiones, como si la salud fuera otro gasto innecesario de ese Estado que el Presidente se propone -según sus propias afirmaciones- destruir por completo.

Detrás de los números

¿Qué representa y que nos dice la cifra de 250 casos de aborto por año? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Es un número esperable? No hay forma de saberlo. En primer término, justamente porque venimos de un escenario previo de clandestinidad y represión penal para esa práctica, que derivó en la falta total de registro.

Abortos siempre hubo, sólo que realizados en el ámbito privado, sin ningún control, reportando pingües ganancias a quienes estaban en ese negocio y con mujeres sufriendo secuelas en su cuerpo o incluso la muerte, como consecuencia de prácticas mal realizadas.

Todo eso, con un fuerte sesgo social y clasista. Las mujeres de mejor condición económica, abortaban (¿y lo siguen haciendo?) en clínicas privadas, pagando sumas importantes y en un anonimato que las resguarda de cualquier señalamiento social. 

Las pobres, en cambio, en medio de su desesperación por un embarazo no deseado, caían en manos de cualquier aventurero y eventualmente quedaban expuestas a riesgos en su salud o incluso a persecución penal.

“La IVE supone hacer efectivo el derecho a tener acompañamiento profesional para interrumpir voluntariamente un embarazo. Las mujeres pueden acceder ahora a ese servicio, con más calidad y seguridad, comparado con cómo lo hacían antes. En última instancia, siempre terminan decidiendo las mujeres, sólo que ahora pueden acceder a la interrupción de su embarazo en otras condiciones y  sin complicaciones”, afirma Kenia Torres.

Es exactamente eso lo que pasó en los últimos cuatro años: el paso de la clandestinidad a la legalidad, bajo atención profesional segura, gratuidad y acompañamiento a las mujeres que deciden no maternar, por el motivo que fuere.

Según la doctora Torres, puede suponerse que aún hay demanda contenida, que no se expresa en las estadísticas de atención. “Falta mucho por educar y formar. Hay mujeres que todavía no reconocen que se trata de su propio cuerpo y su decisión. Por ahí damos por hecho que saben muchas cosas, y a lo mejor no las saben”, señala, abriendo un paralelismo con el largo camino que queda por recorrer también, por ejemplo en materia de anticoncepción y educación sexual integral.

El servicio IVE incluye la atención médica, psicóloga, trabajador social y un acompañamiento permanente a la mujer. 

“No es sólo una cuestión biológica o médica. Vemos la situación social y familiar de la mujer, sus vínculos, eventuales situaciones de violencia. Luego diagnosticamos el embarazo, les damos la medicación y las indicaciones, asesoramiento en anticoncepción y ahí mismo el turno para control en 15 días, con atención de ginecóloga y ecografía. Hay todo un protocolo integral de actuación”, específica Kenia.

Cada mujer, una historia singular

Un interrogante final. ¿Se puede trazar un perfil de mujeres que recurren al IVE? Se sabe que un 25% son adolescentes y mayores de 35 años. Y el grupo más numeroso, el 75%, está compuesto por mujeres de entre 20 y 34 años.

Esos datos remiten mayoritariamente a la edad fértil de las mujeres y en parte echan por tierra el mito de que las adolescentes son las que van a corriendo a hacerse un aborto, ante la situación de un embarazo inesperado o no deseado.

También predominan en esa nómina mujeres con menor nivel de formación (secundario incompleto) y menos recursos económicos. Como ya se dijo, las mujeres de clases más acomodadas, siempre tuvieron información y recursos para realizarse abortos clandestinos, bien lejos de hospitales públicos y dispensarios.

“A las mujeres que vienen, las iguala su condición de fertilidad, pero deciden abortar por diferentes motivos. De acá por lo general se van angustiadas y también agradecidas. La experiencia con la IVE es muy positiva, porque logramos disminuir las muertes maternas y también las complicaciones por abortos sépticos”, resume la doctora Torres, a modo de evaluación final.

01-07-2025