A juicio por vaciar la empresa en un contexto de violencia de género

Jesús María. Una compleja causa judicial que se tramita en los tribunales de Córdoba involucra a empresarios de esta ciudad. 

La denunciante es una mujer que asegura haber sido víctima de una maniobra deliberada para dejarla fuera de las empresas que tenía con su ex pareja.

El Ab. Oscar Patat (foto), explicó que “la víctima, que es la persona que nosotros representamos, antes de separarse de su pareja por cuestiones personales, fue advirtiendo maniobras contables que se hacían y entró a desconfiar casualmente; al hacer una pequeña auditoría, evidentemente salta toda esta maniobra”.

La Justicia analiza las operaciones de Agrodirecto SRL, de Sinsacate, y Su Reserva SA que, según la acusación, entre 2013 y 2018 habrían ejecutado maniobras para ocultar ventas millonarias de maquinaria agrícola, desviar fondos y transferir clientes y empleados a una nueva empresa controlada por Iván y Renzo Tazzioli, hijos del denunciado, el empresario José Luis Tazzioli.

Además, están acusados de participar en el supuesto vaciamiento, los contadores Fernando Debernardo y Alberto Schultz, quienes firmaron balances y asesoraron sobre operaciones que se habrían hecho por fuera de los libros oficiales.

Al intervenir en la causa, la Fiscalía de Instrucción la caratuló como supuesta administración fraudulenta, vaciamiento de empresas y violencia de género patrimonial. Actualmente, se encuentra elevada a juicio en la Cámara Primera del Crimen.

Allí, los imputados pidieron la suspensión del juicio a prueba en una audiencia oral y la Cámara resolvió rechazar el pedido de los Tazzioli y del Cr. Fernando Sergio Debernardo, “La propia Fiscal de Cámara dijo que ya la prueba, sin adelantar opinión, resulta categórica en contra de ellos”, sostuvo Patat.

Con el rechazo de la suspensión del juicio a prueba, enfrentarán el juicio oral. De acuerdo al Código Penal, la pena que podría aplicárseles va de dos a seis años de prisión, más la inhabilitación de hasta 10 años en el caso del contador. “Creemos que hay pruebas poderosas aportadas por la querellante y entendemos que estamos en condiciones de pedir una condena efectiva, no en suspenso; e inhabilitación, tanto para el Cr. Debernardo como para los propios empresarios, que también tienen una inhabilitación”, amplió Patat.

Sin embargo, la Cámara le ha hecho lugar al pedido del Cr Alberto Schultz, quien certificó los balances falsos, por entender que no estaba dentro del contexto de violencia de género. Aún así, tiene que ofrecer una determinada suma de dinero como resarcimiento para la querellante, un monto de dinero para una institución benéfica y se encontraría inhabilitado por dos años para el ejercicio de la profesión. 

“No solamente que despojan a la víctima, y esa es la administración fraudulenta, sino que generan el vaciamiento porque trasvasan toda la empresa de Tazzioli padre al negocio de sus hijos –añadió- y en esto tiene incidencia el Cr. Debernardo, y se refleja en un correo electrónico escrito y reconocido por él y por el destinatario, que era una Contadora de Córdoba que trabaja con el Cr. Alberto Schultz”.

En ese mail dicen que van a cerrar la empresa, despedir a los empleados y asfixiar económicamente a la denunciante suspendiéndole todos los retiros económicos, dándole de baja la tarjeta de crédito y su obra social, dejando de hacerle los aportes jubilatorios y revocándole el poder que tenía para operar en los Bancos.

La pericia contable oficial determinó un monto patrimonial que, actualizado a esta fecha, superaría el millón de dólares.

Patat destacó que, en Jesús María, el juez de violencia familiar, Ab. Manuel Pellizza, en muy poco tiempo logró hacer cesar la violencia económica y restituyó a la víctima a la sede de la empresa en días y horarios en donde no se encontraba el otro socio.

Además, reconoció a la Fiscalía de Instrucción, a cargo del Ab. Guillermo Monti, por preservarla de la re victimización. Y al equipo técnico, que determinó que sufría violencia de género, patrimonial, económica, simbólica, y violencia familiar por ser pareja con Tazzioli.

¿Y ahora?

Hasta el momento, todos los recursos presentados por los abogados de los acusados -en distintas instancias del proceso- fueron rechazados.

La oferta que hicieron para obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, según Patat, “se traduce casi a lo burlesco”. Las cifras ofrecidas varían entre un millón y 8 millones de pesos por persona.

“La del Cr. Schultz también es insignificante; nosotros hemos rechazado esa oferta también y vamos a evaluar si se podría reemplazar la donación dineraria por un trabajo en la comunidad, que traduciría un mayor arrepentimiento de lo sucedido”, adelantó el patrocinante de la querellante. 

“Lo que pidió la señora es justicia y pronto, porque ya lleva siete años y medio esta penuria”, amplió. En la audiencia ante la Cámara expresó: “Yo hoy soy ama de casa, tengo pocas posibilidades económicas. Ellos siguen con su vida y sus empresas como si nada. Pido que paguen por lo que hicieron”.

Su defensa le pidió a la Cámara que, oportunamente, “se reponga todo al estado anterior” es decir, el 50 por ciento del inmueble de la sede de la empresa Agrodirecto y el mismo porcentaje de las acciones de la empresa tomando ella el control de la dirección, ya que los acusados estarán inhabilitados para hacerlo por el artículo 29 inciso 1 del Código Penal, como forma de reparación del perjuicio.

Al mismo tiempo, presentará una denuncia ante el Tribunal de Etica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas contra ambos Contadores, por falta grave de ética profesional y abuso en el desempeño de su profesión -establece penas de suspensión y cancelación de la matrícula- y pedirá una investigación sobre la certificación de los balances falsos presentados por el Cr. Alberto Schultz. 

Con respecto a este último profesional, al ser docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, se hará una presentación a la Casa de Trejo habida cuenta de su inconducta profesional.  

Muchos casos como éste no salen a la luz por su significado y trascendencia, lo difícil que es continuar con juicios cuando la asfixia económica y financiera es tal que las víctimas carecen de medios económicos para afrontarlos.

“Yo invito a las personas a que confíen en la Justicia, que con planteos que sean serios, que sean razonables, que se puedan traducir en una prueba fehaciente, no deben tener reparo hacerlo; y en este caso concreto, podrá haber algunas cuestiones técnicas en cuanto al monto, pero la prueba es determinante”, concluyó Patat.

20-06-2025