Ginés Jodar obtuvo miles de imágenes, mediante cámaras colocadas en baños de la sede judicial. La acusación más grave es por tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. También se le impuso el agravante por violencia de género.
02 de enero de 2026 Rubén Curto
Jesús María. A punto de cumplir dos años en prisión preventiva, el ex Asesor Letrado de los Tribunales de Jesús María, Ginés Jodar, recibió antes de fin de año la noticia que no quería escuchar: finalmente será llevado a juicio oral, ante una Cámara penal, por haber espiado contra su voluntad a una cantidad indeterminada de mujeres y menores, en los baños de los Tribunales de Jesús María y de Río Segundo, con el objeto de satisfacer su propio interés sexual.
Así lo resolvió el fiscal de Instrucción de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la ciudad de Córdoba, Franco Pilnik, quien consideró acreditada la existencia de los hechos, que habrían ocurrido de manera continuada aproximadamente entre 2021 y 2023, y también la plena participación de Jodar en los mismos.
Sin perjuicio de disponer la próxima realización del juicio, ahora ese funcionario deberá resolver también un pedido de pase a prisión domiciliaria en su casa materna que formuló el acusado días atrás, con el argumento de que debía “cuidar a su mamá”, una señora mayor con problemas de salud.
Tal decisión solo podría modificar o no la circunstancia de si Jodar esperará la concreción del juicio en la cárcel o en domicilio. Pero la investigación ya quedó cerrada y con una cantidad de prueba abrumadora en su contra.
De defensor a agresor
Entre las aristas más insólitas de la causa están su protagonista (un funcionario público, que además es Asesor Letrado); el ámbito de lo ocurrido (la propia sede judicial); y el perfil de las víctimas (mujeres violentadas nada menos que en su ámbito laboral y por un superior jerárquico).
“Y de defensores así, ¿quién nos defiende?”, podrían preguntarse tranquilamente esas mujeres.
En el caso de Jesús María, unas 30 empleadas damnificadas por el accionar de este funcionario/fisgón se constituyeron como querellantes particulares en la causa penal y le terminaron dando a la misma un impulso que inicialmente parecía no tener.
En primera instancia Jodar fue imputado por violación de domicilio, al calificarse así su intromisión virtual, vía microcámaras de filmación, en los baños.
Luego su situación legal se complicó al encontrarse en sus dispositivos electrónicos imágenes sexuales de menores, lo que permitió ampliar la imputación a una figura mucha más comprometedora para el acusado.
Y la tercera instancia novedosa en la instrucción se dio en julio pasado, cuando el fiscal Pilnik amplió la acusación con la figura de abuso sexual simple y lesiones leves reiteradas y lesiones graves, con el agravante de violencia de género.
En esa etapa, como se dijo, resultó determinante el accionar de las mujeres víctimas, tanto a la hora de prestar declaración, como así también de someterse a pericias psicológicas que terminaron confirmando y calificando el daño sufrido.
De mal en peor
El acusado Jodar osciló en su defensa, con argumentos que iban cambiando según el tenor de las sucesivas acusaciones.
Mientras la tipificación fue por el camino de la “violación de domicilio”, expresó preocupación moderada, por tratarse de una figura relativamente menor. Como profundo conocedor del derecho, lucía convencido de que no iba a tener complicaciones.
Sí salió a negar, en cambio, que produjera o almacenara imágenes sexuales que involucraran a menores; pero la investigación del fiscal terminó asegurando lo contario.
Inclusive, se determinó que varias fotos tomadas en los baños de Tribunales de Jesús María corresponderían a menores de 13 años de edad. Será ese uno de los ejes centrales de debate en el juicio.
En el marco de la investigación, el propio Jodar admitió que espió a mujeres y hasta ensayó un pedido de disculpas. Inclusive, llegó a comentar entre sus allegados que se había metido en un gran “problema” por su condición de voyeur sexual desenfrenado.
Toda esa trama espantosa, vivida en los Tribunales de Río Segundo y Jesús María ya salió a la luz y se investigó. Ahora, en fecha a determinar, solo falta que lo juzguen y fallen los integrantes de una Cámara del Crimen.
Y el Tribunal superior ¿qué dice?
En paralelo a toda la investigación penal ya detallada, las mujeres de Tribunales activaron todos los días 25 de cada mes una movida para sostener bien visible el tema, bajo el título: Poder Judicial ¿un espacio libre de violencias contra las mujeres?
Quieren marcar que la respuesta institucional de la Justicia de Córdoba frente a las violencias deja mucho que desear.
Y citan como ejemplo el mismo caso Jodar, en el cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desoyó sus propios protocolos de intervención: se apuró a definir las acciones del funcionario como “conducta indecorosa”, sin activar en el acto la participación del Ministerio Público Fiscal para que investigara a fondo lo ocurrido desde una óptica penal.
Más aún: el propio TSJ, actuando como juez y parte, es quien increíblemente está frenando ahora el otorgamiento de licencias que les corresponden a las mujeres violentadas y que están contempladas en los protocolos de actuación.
02-01-2025
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