Toda la zona. Un padre corriendo con su hijo descompuesto en brazos desde una escuela de Jesús María hasta el Hospital Regional Vicente Agüero. La imagen es tan desgarradora como real. Ocurrió tiempo atrás, cuando un alumno se descompensó mientras estaba en clase, los directivos llamaron a sus familiares y éstos llegaron antes que el servicio de emergencia al que contrató el establecimiento educativo. 

La intervención del papá fue decisiva... y la fortuna, porque la escuela está cerca del centro de salud.

La respuesta del servicio de emergencia fue que en ese momento coincidieron varias situaciones en las que debieron intervenir y por eso se demoraron.

 

Bajo la lupa.

Desde que empezó el ciclo lectivo, el tema de la cobertura médica es motivo de preocupación callada entre los directivos escolares de la zona.

Es que algunas escuelas pagaban de 100 mil a 180 mil pesos por año por ese servicio. Otras cooperadoras informaron que les costaba 25 mil pesos por mes. Inclusive en pandemia pagaron el servicio: 2020 les costó 27 mil pesos, pese a que alumnos y docentes permanecían en sus casas.

Algunos directivos se tomaron el trabajo de contar cuántas veces llamaron al servicio de emergencia: en promedio, 20 en un año.

Otros se preguntan por qué, si pagan un “abono” semestral o anual, cada vez que las ambulancias van a las escuelas les cobran 1.200 pesos.

También hay dudas entre las autoridades de los centros educativos sobre qué se considera una emergencia, porque el costo para atender un “dolor de panza”, un esguince o un ataque de epilepsia es el mismo. ¿O no? Esto no está suficientemente aclarado.

La mayoría de los establecimientos pagan el servicio con parte de lo que cobran al comenzar el año en concepto de “cooperadora”, que no es obligatorio. Es más, algunos destinan casi todo lo que recaudan a un servicio de emergencia.

Hay directivos que no están de acuerdo con este pago y sostienen que es innecesaria la contratación de una empresa porque cuentan con ART para los docentes y un Seguro provincial para cada alumno. Con esos argumentos asumen “el riesgo”.

El tema es complejo porque los padres también piden garantías y seguridad para sus hijos y en la zona no hay servicio de emergencias público que pueda asistir a un alumno que tiene problemas de salud o sufre un accidente.

Así las cosas, sin un gran acuerdo de los directivos y las cooperadoras escolares, ni el apoyo de los distintos estamentos del Estado, parece imposible enfrentar un problema que está en el borde entre lo social y lo comercial.

Algo similar ocurrió hace años cuando se debatía qué hacer con la asistencia a las víctimas de hechos de tránsito o que necesitaban atención médica en las calles de Jesús María y Colonia Caroya. 

Una regla de oro del marketing es crearles necesidades a los consumidores. Ya hay docentes que se preguntan si éste no es un caso testigo.

24-06-2022