Colonia Caroya. Desde el lunes, en el Km 749 de la Ruta Nacional 9 se concretó la protesta de varias familias asentadas en terrenos de Bº Malabrigo, con el apoyo de la Federación de Organizaciones de Base (F.O.B).

El corte de la ruta a la altura de la Calle 128 fue total, razón por la cual hubo desvíos del tránsito por calles de Colonia Caroya durante buena parte de la semana.

El Ejecutivo municipal realizó gestiones ante las autoridades competentes -la liberación de la ruta depende de un resorte que sólo puede accionar la Justicia Federal- a fin de garantizar la libre circulación sobre la arteria nacional, dado que esto terminaba afectando la seguridad vial y la tranquilidad de la ciudadanía. 

La protesta provocó un caos en el tránsito urbano y obligó a la Municipalidad y a la Policía de la Provincia a mantener un amplio despliegue de efectivos en distintos puntos estratégicos, apoyados por Gendarmería Nacional. 

Larga historia.

La primera vez que se hizo pública la situación de las familias de la Calle 128, en Bº Malabrigo, fue en noviembre de 2017.

Se inauguraba la Casa Municipal en ese barrio cuando un grupo de vecinos se acercó al Intendente, de manera muy pacífica, a pedir conexiones de agua y luz para sus viviendas. 

La respuesta de Gustavo Brandán en esa oportunidad fue la misma que ahora, cuatro años después: “Es un tema que debe resolver la Justicia”.

El propietario de esos terrenos formuló la denuncia ante la Justicia por usurpación cuando se asentaron las primeras familias. 

No obstante, otro supuesto dueño siguió ofreciendo fracciones de tierra que se delimitaban con estacas a criterio de quien llegaba primero.

Aunque los manifestantes que cortaron la Ruta Nacional 9 desde el lunes decían en los carteles que eran 37 familias, en realidad hay unas 15 construcciones en ese “a- sentamiento”, con calles internas, pero sin energía ni agua potable.

Hasta que la Municipalidad no autorice a la Cooperativa a darles esos servicios –con los costos de instalación a cargo de los usuarios-, seguirán en esas condiciones.

El intendente Brandán decidió no involucrarse legalmente en un tema que es un conflicto privado entre el propietario del sitio, quien denunció por usurpación a quien ofrece y vende las parcelas a familias que, de buena fe, acceden a su “sueño del terreno propio” sin papeles, escrituras ni boletos de compra-venta certificados. 

De hecho, las autoridades municipales dicen que siempre les exigieron a las familias que muestren la documentación posesoria y que nadie la presentó, hasta ahora.

La justificación de Fernando Arrieta -el vendedor- se tradujo en un cartel que exhibió durante el corte de la Ruta Nacional 9 en el que afirmaba ser el poseedor legítimo de la tierra que vendió. 

Ante la prensa, en las primeras apariciones públicas, siempre intentó demostrar ser el hombre que “salvó” a las familias al ofrecerles terrenos económicos para que dejen de alquilar en otros lugares. 

La Municipalidad desconoce si  presentó en la Justicia los documentos para justificar la posesión de ese lote ubicado en la Calle 128, entre la Calle 172 y los terrenos de Gendarmería Nacional. 

Antes del corte de ruta de esta semana, Arrieta había hecho otra acción osada: encadenarse frente al edificio municipal. Fue en julio de 2019.

Un par de días después, hizo la misma protesta en la plaza San Martín, de la ciudad de Córdoba, ganando la adhesión de algunas organizaciones que empezaron a apoyar el reclamo de estos vecinos.

El objetivo de escrachar al Intendente llegó al punto de concentrarse frente a la bodega Terra Camiare en una jornada con una actividad turística programada.

En el reclamo de las familias empezó a intervenir la Federación de Organizaciones de Base (FOB), “un movimiento social y político de tendencia anarquista formada en 2006”, según sus mismas publicaciones.

Con los representantes cordobeses de FOB y algunos referentes vecinales, hubo varias reuniones que terminaban en la misma situación: las familias acusaban a Brandán de no permitirles acceder al agua y la luz y el Intendente les recordaba que estaban usurpando tierras y que a la situación debía resolverla la Justicia.

Sin embargo, avanzaron en lograr un presupuesto de la Cooperativa de Servicios Públicos para las obras, especulando con una autorización municipal que hasta ahora no les dieron.

La decisión de cortar la Ruta Nacional 9 en un tramo clave de la circulación de todo el Norte de Córdoba generó más tensión entre las partes y en una sentencia de Brandán: “Si autorizamos los servicios, vamos a crear un mal precedente que avalaría la usurpación de tierras privadas”.

08-09-2021