Investigan irregularidades en la construcción de un acueducto a Bº Sierras y Parque.

Urbanismo 23 de octubre de 2020
La empresa contratada por la gestión de Gabriel Frizza no cumplió con lo pactado y la obra no funciona. Luis Picat inició una investigación a partir de un informe técnico que le presentó su equipo en junio de este año.
Acueducto a Sierras y Parque

Jesús María. La Municipalidad de esta ciudad ha iniciado una investigación y el intendente Luis Picat, mediante el decreto 359/2020, ha declarado la caducidad del Contrato de Locación de Obra con la Empresa WSK Constructora S.R.L. por el incumplimiento de sus obligaciones en la construcción de la ampliación de un acueducto que debía proveer de agua potable a Bº Sierras y Parque.

La mejora, indispensable para este barrio, era parte del convenio de ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario, suscripto en mayo de 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de Jesús María.

En abril de 2017 se llamó a Concurso Público de Precios y en mayo se hizo la apertura de sobres. La mejor propuesta fue la de WSK S.R.L., dispuesta a encarar la obra con un presupuesto de 5.018.370 de pesos IVA incluido. Tenía cuatro meses de plazo para hacerla a partir de su adjudicación,  a fines de junio de ese año.

La empresa era conocida por el equipo de gobierno de Gabriel Frizza, ya que había hecho el hormigonado de las calles de Bº La Costanera, en el marco del mismo convenio con el gobierno de Mauricio Macri, y había ganado los concursos de otras obras locales.

En julio firmaron el Contrato de Locación de Obra por un precio levemente superior: 5.212.603 pesos IVA incluido. El pago se previó mediante certificaciones mensuales, que la Municipalidad cumplió en tiempo y forma, con un anticipo financiero y seis liquidaciones con certificación de avance del acueducto.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares incluía una “Prueba de funcionamiento” al terminar el tendido y antes de su recepción provisional.

Según los resultados de la misma, la empresa debía hacerse cargo de la reparación de los desperfectos que pudieran aparecer.

Sin embargo, la obra no funciona, se pagó, no se le exigió a la empresa lo que el pliego decía y, por esos motivos, no se descarta una investigación profunda para determinar la responsabilidad que le cupo a cada funcionario municipal actuante.

 

Muchas irregularidades.

En la Municipalidad no encontraron copia de numerosa documentación que la empresa debía presentar:

- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones aprobado por la Inspección de Obra. 

- Planos y folletos del fabricante con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos auxiliares.

- Pruebas y ensayos que a efectuar para verificar la correcta ejecución de la obra, tales como a- lineación y nivelación, pruebas hidráulicas a zanja abierta y a zanja tapada, prueba de mandrilado.

- Permisos para realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, pertenecientes a reparticiones o empresas nacionales, provinciales, municipales, comunales, empresas privadas de servicios públicos o particulares.

- Registro de ingreso de notas de pedido indicando causas de demoras con respecto al plan de trabajo ni propuesta de modificación de Plan de Trabajo.

A pesar que no consta que haya presentado esta documentación, del expediente no surge que se haya implementado el régimen sancionatorio previsto.

Ni siquiera se ha efectuado la recepción provisional de la obra. El decreto firmado por Picat es contundente. Dice: “No consta acta ni solicitud del contratista para su confección”.

 

¿Cómo sigue?

Ante tantas irregularidades, el secretario de Desarrollo Urbano y su par de Servicios Públicos -Ing. Edgar Difilippo y Luis Santiago Vélez, respectivamente- presentaron el pasado 5 de junio un informe donde detallan el estado de situación en que se encuentra la obra a esa fecha. En él señalan las deficiencias relevadas a través de una inspección ocular de la obra.

Dicen que “no se completó la totalidad de la reposición de veredas y pavimentos afectados por la obra”, que “en distintos sectores de la obra no se verifica la tapada mínima de un (1) metro ni el adecuado acuñamiento de la cañería, ni las condiciones de relleno y compactación”; que “no encontraron registros de ensayos de compactación realizados a efectos de validar estos requisitos y no se verificó la existencia de la totalidad de las cámaras, tapas y anclajes para los diversos accesorios previstos en el proyecto”.

Ante la situación, por demás delicada, intervino la Asesoría Letrada de la Municipalidad, quien intimó a la contratista “a los fines que acompañe documentación relevante relativa a la obra, a cumplir con la entrega provisoria, bajo apercibimiento de caducidad”.

Ninguna de las notas que remitió tuvo respuesta. Es más: una fue devuelta por domicilio desconocido.

El decreto fechado el pasado 9 de octubre concluye: “La empresa contratista ha hecho caso omiso a las intimaciones, por lo que nos encontramos claramente ante un incumplimiento de contrato por parte de la empresa en razón de la deficiente e incompleta ejecución de las tareas que estaban exclusivamente a su cargo y que resultan ser la causa principal de que la obra no pueda ponerse en funcionamiento y en consecuencia, no cumplir con la finalidad de la misma. La conducta desplegada por la contratista es contraria al deber de diligencia, prudencia y buena fe que debió observar como colaborador de la administración en la realización de un fin público, lo que impone analizar la procedencia de la rescisión”. 

El Bº Sierras y Parque sufre, periódicamente, cortes del servicio de agua potable y, pese a que se buscó solucionar el problema, no descartan realizar una nueva obra o, de ser posible, reparar la hecha, aunque a elevados costos. 

Si se hubiera cumplido con lo pactado, desde el 10 de diciembre de 2017 el vecindario no debiera padecer más interrupciones de la provisión de agua.

En los considerandos del decreto, el gobierno local sostiene “que resulta evidente que la obra no se ha ejecutado en el tiempo previsto y que ha transcurrido un término excesivo e irrazonable para la entrega de la misma, que lo parcialmente ejecutado no resulta apto para el destino y finalidad propuestos y que pese a las intimaciones efectuadas, las deficiencias no han sido subsanadas ni se ha dado respuesta a ninguno de los términos requeridos”.

El final de la historia cae por su propio peso. “Sin perjuicio de la declaración de caducidad, luego deberá disponerse las acciones a seguir, tanto respecto a la continuidad de la obra como así también las legales que correspondan”, anticipa el decreto 359/ 2020.

Entre ellas, disponer la ejecución de las garantías constituidas: un seguro de caución que, al momento de la contratación, era de poco más de medio millón de pesos, equivalente al 10 por ciento del monto total de la contratación.

También trascendió que evalúan los pasos a seguir para dilucidar la cadena de omisiones y negligencias que, a primera vista, hay en el expediente, por lo que es probable que deban dar explicaciones Gabriel Frizza y parte de su equipo.

23-10-2020

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