Los médicos locales también protestaron contra la Justicia.

Jesús María. El 25 de mayo, una caravana del personal médico, de la salud pública y privada, marchó por las calles de esta ciudad.

Cerca de 80 vehículos finalizaron su protesta frente al Hospital Regional Vicente Agüero, en cuya vereda, sobre la calle España, hicieron un breve acto.

Allí habló el Dr. Rafael Fonzo, de la Gremial Hospitalaria (ATE), quien dijo: “Se acusa al médico y no al dueño del geriátrico. ¿Por qué será? Resulta que es familiar directo de una persona que forma parte de la corporación judicial”.

Fonzo recordó que aún no está identificado el paciente cero y que Figueroa ni siquiera sabe si se contagió dentro del geriátrico.

El médico de la Gremial se preguntó: “¿Qué ocurre si damos un paso al costado y dejamos que el Poder Judicial atienda a los COVID? Si les paramos la atención van a apelar a la falta de humanismo, de vocación, el famoso Juramento Hipocrático”.

Para finalizar, invitó a los fiscales a que se acerquen a cualquier centro de salud donde se trata COVID-19 para conocer la realidad antes de imputar y, “si esto se desmadra, que venga y nos ayude a embolsar finados”.

 

El disparador.

El viernes 22 de mayo se conoció que el fiscal Andrés Godoy imputó a Marcelo Lázaro, director médico del geriátrico Santa Lucía, de Saldán, y al médico Lucas Figueroa por infracción a los artículos 203 y 202 del Código Penal, respectivamente.

El artículo 203 prevé escalas de multa y condena de prisión de seis meses a cinco años en los casos que se producen muertes y el 202, penas de tres a 15 años de prisión “al que propagare enfermedades peligrosas y contagios contra la integridad de las personas”.

La Gremial Hospitalaria (ATE) lanzó un comunicado en el que dice: “La causa penal por la que nuestros colegas se encuentran imputados se inició a raíz de una denuncia realizada por José Andrés Ahun Frau, Director General del Área Legal y Técnica del Ministerio de Salud de Córdoba, es decir, es el propio Poder Político quien puso en marcha esta persecución judicial en nuestra contra”.

Y agrega: “La Fiscalía que imputó a nuestros colegas es una Fiscalía creada este año tras la pandemia, llamada Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), a cargo del Secretario Díaz Reyna, íntimo amigo del Sr. Sebastián López Peña, Juez del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a su vez fue designado por el actual Gobernador de la provincia”. 

Los médicos sostienen que el Secretario de UFES, Tomás Díaz Reyna, es un funcionario que “fue nombrado sin haber rendido ningún concurso, es decir que fue designado en su cargo por el Poder Político (por Sebastián López Peña) y luego éste lo usa para estas canalladas, en este caso, para amedrentar al personal de salud y criminalizar nuestra labor. El gremio de las y los empleados judiciales realizaron el año pasado paros y marchas en contra de ésta y otras designaciones a dedo”.

“No sólo no somos criminales, sino que tampoco vamos a legitimar decisiones de personas que no demostraron idoneidad para el cargo que ocupan y que su único rol es ser el brazo ejecutor del poder de turno. El dueño del geriátrico de Saldán, Rafael López Peña, es el padre de Sebastián López Peña, el Juez del Tribunal Superior de Córdoba. El Sr. López Peña (padre) en la causa por los contagios por COVID-19 en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, no fue ni mencionado”, amplía el comunicado de los médicos. 

Días atrás, el Consejo de Médicos lanzó un comunicado expresando su apoyo a los médicos imputados y que “criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad”.

“Pasamos del aplauso a pretender encarcerlamientos y todo en medio de una pandemia. 

Nos preguntamos si el Sr. Fiscal pensará que los dos médicos imputados injustamente pensarán fugarse o entorpecer la investigación”, llamó a la reflexión. 

 “Que quede absolutamente claro –sostuvo-: nos parece bien que se investigue lo ocurrido, pero lo que repudiamos enérgicamente es que la Justicia decida ser rápida sin considerar los hechos en el contexto adecuado”. 

También recordó que todos los médicos pueden contagiarse en el ejercicio de su profesión y pueden ser asintomáticos. Y acusó: “El fiscal abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal una puerta muy difícil de cerrar, la del miedo y la estigmatización, y sus consecuencias son impredecibles”.

La torpeza política fue desnudada en el comunicado del Consejo de Médicos: “Ha sido la peor noticia que podíamos recibir en el peor momento, pero esto no nos inmoviliza, no vamos a quedarnos de brazos cruzados”.

 

Irregularidades en la Justicia.

Oportunamente, el Gremio de Judiciales Córdoba le exigió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público Fiscal que den de baja designaciones realizadas por fuera de los concursos o del orden de mérito y solicitó se dé cuenta de los cargos que en Fiscalía General existen sin concurso y se manejan en forma discrecional.

Entre otros casos, citó el de Tomas Díaz Reyna, quien ejerce el cargo de secretario en Fiscalía Subrogante sin contar con concurso alguno aprobado para ningún fuero o dependencia.

En el pedido, hubo un párrafo dedicado a la situación en Jesús María, al reiterar la exigencia al TSJ para que cumpla con las designaciones de las prosecretarias y prosecretarios del fuero laboral en toda la provincia. Al respecto, el Sindicato advirtió que en esta ciudad el cargo es ocupado por alguien que reprobó el examen.

“Estamos denunciando que cargos cuyos sueldos se ubican por encima de los 170 mil pesos son otorgados por las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal sin concurso, perjudicando a quienes sí lo han rendido”, sostiene el gremio.

26-05-2020