Colonia Caroya. Ayer se cumplieron dos años de los despidos masivos de trabajadores del Súper Uno, uno de los episodios que generó el repudio masivo de la región y que aún no se resolvió a favor de quienes reclaman su indemnización.

Desde el 12 de noviembre de 2018, no cambió la situación de los despedidos, que ni siquiera cobraron octubre de 2018 y el proporcional de noviembre por lo trabajado hasta que la familia D´olivo tomó la decisión de cerrar las puertas de los supermercados del Lote XV de Colonia Caroya y de Bº La Florida, de Jesús María, y comunicarle al personal que quedaba sin trabajo.

A la mañana trabajaron todos con normalidad. A la tarde, nadie más pudo entrar.

La empresa adujo “disminución de rentabilidad, caída de las ventas, disminución de trabajo y de- más complicaciones financieras y comerciales”.

El abogado ofreció pagar el 50 por ciento de la indemnización a los trabajadores. Esa fue la primera y última propuesta formal de pago que tuvo la empresa. Después, se negó a pagar, tanto en el Ministerio de Trabajo como en los contactos de los hermanos D´olivo con despedidos.  

En la lista aparecían 63, pero son cerca de 50 quienes siguen reclamando judicialmente.

Días después de los despidos, Súper Uno entró en concurso preventivo y todo pasó a depender de un síndico y una jueza que todavía no dio prioridad de cobro a los ex trabajadores.

Por la forma en que se comunicó el cierre de la empresa, el Ministerio de Trabajo calificó como “nulos” a los despidos. 

En consecuencia, nadie podía reclamar la indemnización hasta que, el 20 de julio de 2020 -un año y nueve meses después del hecho-, notificaron que, en efecto, habían sido despedidos.

Demandas “a por todo”.

Aunque la situación no cambió, en estos últimos tres meses se definieron varias situaciones: la mayoría decidió salir del Concurso de A- creedores y demandó a la empresa para que pague los sueldos de octubre de 2018, el proporcional de noviembre de 2018 y el 100 por ciento de la indemnización. Lo hicieron ante el Juzgado Laboral. Otros quedaron dentro del Concurso a la espera de que la Jueza ordene la prioridad.

Tampoco hubo predisposición de la empresa, que fue pidiendo prórrogas -la Justicia las aceptó- para cumplir con ese compromiso, pese a que los supermercados reabrieron hace 11 meses bajo el nombre de “La Proveduría”, administrados por la Asociación Mutual Única de Trabajadores de Edificios de Rentas y Propiedad Horizontal de la República Argentina, que apareció en medio de las negociaciones que se estaban dando entre la patronal y los despedidos en el año 2019.

“Por cómo se fue dilatando todo, muchos optaron por hacer una demanda; los acreedores del concurso que estoy representando tampoco cobraron nada”, dijo la abogada Delia María Reyna.  

Además, justificó que, por lo improcedente de los despidos, corresponde que los trabajadores cobren el 100 por ciento de las indemnizaciones, pese a que desde el ingreso de la demanda formal, hace tres meses, no hubo novedades. 

Natalia Bustos, una de las voceras del momento de mayor lucha, espera en que la “Justicia falle a favor de los trabajadores”. 

Por ahora, se queda con la sensación de la “condena social”: “Pedimos que esto no se olvide. Tiene que quedar como una marca en la sociedad para que vuelva a pasar”. 

13-11-2020