Hay diferencias de criterios en el Festival de Doma y Folklore.

FESTIVAL 18 de septiembre de 2020
Algunos directivos escolares están preocupados por decisiones institucionales, como la distribución de fondos, la renovación de cargos y los fondos destinados para ayuda social.
Asamblea Festival
Este año, la Asamblea tendrá que garantizar el distanciamiento

Jesús María. Se aproxima la fecha de la Asamblea General Ordinaria del Festival Nacional de Doma y Folklore y en el ámbito escolar, aunque no haya actividad áulica, repercute “la campaña” de quienes quieren integrar la comisión Directiva.

Llamadas telefónicas, mensajes, algunos encuentros personales, todos los años preparan el terreno para una elección casi tan secreta como un Cónclave del Vaticano.

Este año deberán ser renovadas las dos vicepresidencias de la Comisión. Son los principales cargos, pero no los únicos de la renovación parcial que prevé el estatuto de la institución.

Sin embargo, en un grupo de directores la mayor preocupación no pasa por estos cambios, sino por otras decisiones que esperan que se tomen en la asamblea o, al menos, se adelanten los criterios para su abordaje.

Uno de ellos es la distribución de los fondos recaudados en la edición 2020. Hasta ahora, las escuelas asociadas recibieron el 50 por ciento, pero la aspiración de varios directivos es que se distribuya el 60 por ciento y temen que la Comisión no esté dispuesta al reparto del 10 por ciento restante.

El Festival siempre reserva fondos para la organización de la siguiente edición. Este año deberán prever que, al no haber fiesta gaucha en enero, no recaudarán hasta enero de 2022 o hasta que inventen nuevas formas adecuadas a la realidad que impone la pandemia.

A las escuelas les pasa lo mismo. Hasta 2022, sus cooperadoras no recibirán fondos solidarios. Por primera vez, en más de medio siglo, estarán en igualdad de condiciones con las escuelas no asociadas. Quizás este nuevo escenario haga cambiar de opinión a quienes se oponen a su integración a la institución.

Los directores “díscolos” cuestionan que antes el Festival no tenía otros ingresos, pero ahora tiene dos cuadras con salones que alquila y le generan ingresos todo el año.

Finalmente, esperan escuchar qué opciones plantean los directivos del Festival para utilizar su trayectoria y la infraestructura en eventos que generen ingresos.

Otra cuestión que deberán dirimir las propias cooperadoras es la de sus representantes ante el Festival.

El Reglamento General de Asociaciones Cooperadoras Escolares de Córdoba dice, en su Artículo 2º, que a las cooperadoras “podrán integrarse también vecinos y otros miembros de la comunidad local, en cuyo caso deberán estar autorizados por la Comisión Directiva por el término de dos años, luego de lo cual deberán renovar su autorización”.

Ocurre que muchos integrantes de la Comisión Directiva del Festival no son padres de alumnos de las escuelas que representan y las cooperadoras deben integrarlos y enviarlos en su nombre. En varias escuelas, las asambleas se atrasaron por la pandemia y las autorizaciones de quienes son “vecinos y otros miembros de la comunidad local” están en un limbo.

Este tema es como el cuento del huevo y la gallina: buscan gente que no tiene hijos en las escuelas por la falta de participación de los padres en las cooperadoras y quienes van en nombre de las escuelas sin tener hijos en ellas se perpetúan en la Comisión Directiva valiéndose de esta debilidad institucional para permanecer en ella.

Así, las cosas, la renovación y la democracia interna son ficticias, ya que son siempre los mismos quienes rigen los destinos del Festival pero, si esas personas no estuvieran dispuestas a hacerlo, ¿quién lo haría?

Hay directores que objetan esta “representatividad” y afirman que su voluntad muchas veces no se impone porque sus propios representantes votan según los criterios del grupo dirigencial al cual pertenecen hace años. 

Una tercera cuestión es la de los fondos entregados para tratamientos de patologías que impiden el normal desempeño escolar a niños de escasos recursos económicos.

Plantean que si las escuelas reciben 25 mil pesos por año para pagarles a los profesionales que los tratan, es muy difícil seleccionar quiénes serán los beneficiarios debido a lo insuficiente de los recursos.

Cabe recordar que el Festival tenía un gabinete psicopedagógico y un consultorio odontológico. Luego, los directivos prefirieron que les dieran dinero para cubrir otras especialidades. Así se llegó a la situación actual.

Finalmente, verían con agrado que el COE Regional Jesús María revise su decisión de permitir que a la Asamblea General Ordinaria vaya un representante por escuela asociada. Hasta ahora, la Comisión Directiva propone que sea el delegado de la Cooperadora y los directivos que no acuerdan con esta medida pretenden que vaya, además, el Director o Directora. Es decir, en lugar de 20 personas serían 40. Consideran que el Festival tiene ámbitos donde garantizar el distanciamiento con esta cantidad de personas y que el pedido no es descabellado.

18-09-2020

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