Jesús María en Emergencia… democrática.

Jesús María. El jueves 16 de abril, el intendente Luis Picat le envió al presidente del Concejo Deliberante, Simón Zoldano, un proyecto titulado “Ordenanza de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social”.

Amparado en la situación generada por el Coronavirus, y argumentando que “el rol fundamental del Estado” es “velar por el bienestar de los ciudadanos”, el Intendente considera necesario dictar “normas tendientes al cumplimiento de dicho objetivo”.

También recuerda que el aislamiento social, preventivo y obligatorio “significa una merma en la situación económica, no sólo de las personas privadas, sino también de las entidades públicas”, habida cuenta que “los vecinos no pueden cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias”.

“Ante este contexto de emergencia, el municipio debe contar con instrumentos que le permitan atender de manera eficiente y eficaz las necesidades indispensables de la población”, esgrime.

Por eso pide que, en lugar de la ya declarada Emergencia Sanitaria, se declare la Económica, Financiera, Administrativa y Social.

Aunque aclara que el otorgamiento de “facultades” especiales al Ejecutivo es “al solo efecto de superar la emergencia que las origina”, no oculta que las medidas que se dispongan pueden implicar “una limitación de derechos”, que debieran ser “de manera general, razonable, sin discriminación y transitoriamente”.

La nueva Ordenanza se aplicará a todos los organismos y servicios municipales y a “la totalidad de las relaciones económicas, jurídicas, laborales, contractuales y/o de cualquier tipo en las que el Municipio sea parte, no obstando a la aplicación de esta Ordenanza los contratos en curso de ejecución o cumplimiento”.

En principio, se aplicará durante cuatro meses, pero podría ser prorrogada hasta cuatro meses más.

En ese lapso, Picat quiere borrar y hacer cuenta nueva. Esto es, un municipio a su imagen y semejanza.

 

¿Qué pide?

Luis PIcat pide las facultades para “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias vigentes, sin modificar el monto del Presupuesto vigente, así como a tomar las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia, debiendo informar de ello al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas dentro del término de cinco días hábiles de efectuadas las mismas”. Nótese que sólo pretende informar. Esto es, el Concejo no tendrá injerencia en una serie de decisiones.

Con esa salvedad, no menor, pide autorización para “suscribir convenios de todo tipo con instituciones públicas y/o privadas, entidades intermedias, asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, que permitan implementar proyectos y acciones mediante el aprovechamiento de bases de datos, recursos institucionales, tecnológicos, técnicos y de infraestructura en el marco de una respuesta integral a la emergencia”.

También para tomar créditos bancarios o de cualquier otra naturaleza poniendo como garantía hasta un 5 por ciento de la coparticipación y hasta de inmuebles  de uso privado municipal.

En este escenario de facultades plenipotenciarias, Picat quiere “disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal, traslados, cambios de dependencias o tareas, eliminación y/o suspensión de reemplazos interinos, modificación  de horarios ya sea mediante reducción o desdoblamiento de los mismos, y toda  otra medida que  juzgue conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación  de los servicios  públicos municipales”.

Y reducir o suspender horas extras, adicionales no remunerativos y remunerativos, “estén o no previstos en el Estatuto del Empleado Público Municipal”.

Por otro lado, suspendería por 120 días “todo acuerdo previamente efectuado por el municipio con entidades de cualquier tipo, que impliquen una erogación económica”, renegociaría “los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y/o permisos otorgados, y/o para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar la caducidad de los mismos” y revisaría “las condiciones de la totalidad de los contratos referentes a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con sus proveedores o terceros con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, que se encuentren en curso de ejecución. Dicha revisión a la cual se faculta, implica la posibilidad de suspender, modificar, anular o rescindir las contrataciones en cuestión en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de Asesoría Letrada”.

A su vez, negociaría con los acreedores particulares compensaciones o renegociaciones de las deudas, “proponiendo nuevas fechas de vencimientos y modalidades de pago, conforme a la proyección de ingresos del municipio”.

Y aclara que los acreedores por prestaciones de servicios públicos “en ningún caso” podrán interrumpir la prestación del servicio de que se trate. Por ejemplo, si no le paga a la Cooperativa de Servicios Públicos, ésta no podría cortarle el suministro de energía para alumbrado.

Junto a estas restricciones, para mejorar la recaudación pide autorización para lanzar moratorias “con la reducción de intereses que juzgue oportuna”.

Finalmente, el Ejecutivo podrá disponer “la desafectación y enajenación  de bienes inmuebles, muebles registrables, muebles, útiles y todo tipo de bienes municipales en desuso y/o que no se encuentren afectados a la prestación de servicios esenciales y que posibilite generar recursos para ser destinados a la atención de la emergencia con su producido”.

Y avanza sobre la Justicia: “Las sentencias y/o laudos arbitrales anteriores a la promulgación de la presente Ordenanza que no hubieren sido ejecutados totalmente, como así también las que se dicten dentro del plazo de vigencia de la emergencia declarada, no podrán ser ejecutadas hasta la expiración de la misma cuando fueren de contenido económico”. 

Ciertamente, el contenido es polémico, pero también peligroso: ¿quién garantizará que no habrá discrecionalidad en la toma de decisiones?

Para evitarlo están los órganos legislativos y de control, pero el Intendente les pide que no lo molesten durante cuatro meses, quizás hasta fin de año.

17-04-2020