Jesús María. En política, los favores siempre se pagan, sobre todo a los aliados, aunque la exposición pública de esos acuerdos le genere algún “ruido” a quien los promueve.  Son los llamados efectos no deseados o daños colaterales.

Es lo que le está pasando al intendente Luis Picat con dos hechos registrados en las últimas semanas: el pase a planta de empleados contratados y la licencia forzada de un excluido de su hogar por la Justicia, a partir de una denuncia por violencia.

Ambos casos muestran, respectivamente, la actual docilidad (cuando no la sociedad) del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y de algún colectivo de mujeres, para con el intendente, en contraste con la activa militancia opositora que enarbolaban frente a la anterior gestión.

Veamos. Ante esta situación, el oficialismo se mostró zigzagueante. Hacía varios días que la cuestión se ventilaba en redes sociales, pero eligió el silencio hasta que el tema se hizo insostenible.

El propio Picat salió el miércoles a balbucear que le otorgaría al denunciado una licencia por un mes, hasta que se elabore “un protocolo” municipal sobre cómo actuar en estos casos.  Un “chas chas” en la cola y a otra cosa.

En realidad, el Intendente habló poco y nada y hasta se excusó de contacto con la prensa, con el poco creíble argumento de que se “tenía que ir al médico”.

La voz cantante entonces corrió por cuenta de Anahí Rodríguez, flamante responsable del área de Género en el municipio y referente de la agrupación Sí Mujer.

¿Qué dijo? Básicamente, que no había referencias para actuar en casos como éste y que se va a trabajar en el mencionado protocolo, en coordinación con el sindicato.

Tanto Picat como Rodríguez se refirieron al denunciado como “agente” municipal. Y esa es una trampa. No es un empleado raso,  sino un funcionario de primerísima línea. Por tanto, la resolución de su situación no debe esperarse como producto de un protocolo administrativo, sino de una decisión política del Intendente que lo llevó al cargo.

Y hablamos del mismo intendente que el pasado 9 de enero (sólo 12 días ante de la exclusión judicial de esta persona) hizo un gran despliegue de marketing para presentar a Jesús María como sede del primer Punto Mujer, en el Festival de Doma y Folklore, flanqueado por funcionarios provinciales. Eso, claro está, luego de haber activado 48 horas antes la licencia en su cargo del presidente del Festival,  Nicolás Tottis, denunciado por presunto abuso sexual contra una mujer.

Una doble vara que está a la vista de todos: el municipio se autoproclama como pionero de la protección de las mujeres, puertas afuera de sus dependencias, pero cuando le explota un caso con un funcionario propio, mira para otro lado.

También se adujo que el problema es de orden familiar y no vinculado a su función pública. Eso está claro, pero ¿no está en contacto con mujeres en el municipio?; una persona violenta, ¿lo es sólo de 14 a 24 horas en su casa, pero de 8 a 12 se comporta como un duque?

Ni qué hablar del rol de la funcionaria. Como referente de Sí Mujer, Rodríguez fue ferviente militante de la protección a las mujeres, en casos como el de Tottis, el que involucraba a autoridades del Hospital Regional, y también en un caso contra un empleado municipal acusado por una compañera de trabajo de presunto acoso, a fines de 2018.Contra este último, el embate público fue a todo o nada, y repercutió  fuerte en el tablero político.

Ante los medios, Picat presentó la reincorporación de aquella empleada denunciante y de Rodríguez misma, como gestos en favor de las mujeres.

Desde otra mirada, cabe preguntarse si no fue una devolución de favores políticos. Si no, ¿cómo se explica la dureza de la arremetida contra un vio- lento en aquel caso del trabajador y la tibieza expuesta ahora? ¿Acaso no nos enteramos y es que hay un feminismo clasista: inflexible con un empleado raso, pero complaciente con funcionarios con poder y chequera? Que cada cual se haga cargo de sus contradicciones, que están a la vista.

El “te doy, me das” también quedó plasmado con el reciente pase a planta de 41 trabajadores municipales, en acuerdo total entre el intendente Picat y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Caso único en el mundo de un gremio que rechaza pases a planta de contratados (así ocurrió a fines del año pasado, cuando todavía estaba la anterior gestión), al solo efecto de bloquear el nombramiento de cinco empleados identificados con la anterior intendente, pero -al fin de cuentas- trabajadores como cualquier otro y con los mismo derechos a defensa gremial.

Esta sintonía fina entre el Intendente y el gremio ayuda mucho a comprender las múltiples embestidas del sindicato sobre la anterior gestión, con reclamos absolutamente desmedidos en su contenido y sus formas. Hoy, es todo paz y amor, pero todavía no sabemos a qué costo para la ciudad.

Para entender una película, hay que verla completa y en perspectiva, y no quedarse sólo con las últimas escenas. La gestión de Picat empieza a mostrarse tal cual es, a partir de los aliados que cosechó, y lo que hace o deja de hacer para honrar esos acuerdos...  aunque a veces lo pongan en la incomodidad de tener que explicar actitudes inexplicables.

Rubén Curto - Periodista y ex responsable de Prensa de la Municipalidad de Jesús María.