La Cooperativa de Servicios Públicos será intervenida.

Sociedad 03 de octubre de 2019
La Justicia deberá nombrar el interventor. La medida fue solicitada por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia.
Cooperativa
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Colonia Caroya. La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia le solicitó a la Justicia que intervenga la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

El Juez interviniente tiene dos opciones: nombrar un interventor sugerido por la Subsecretaría o elegir alguien que cumpla esa función en una lista de inscriptos para actuar en tales situaciones.

Todo indica que la Justicia daría lugar a la sugerencia provincial y el interventor sería Sergio Lorenzatti, abogado, ex intendente de Isla Verde y funcionario del Gobierno de Córdoba desde 2003. Fue el anterior subsecretario de Cooperativas y Mutuales y conoce mucho a la entidad de nuestra zona, sobre la que tuvo elogiosos conceptos a fines del año pasado, en una visita que incluyó la fábrica de postes, hoy tan discutida.

La función del interventor es reemplazar al Consejo de Administración a fin de preservar la imagen y el desempeño de la institución. Por eso, junto a él deberán llegar abogados y contadores que colaborarán en esa tarea.

Por lo general, las intervenciones duran 90 días. Aún intervenida, el mecanismo electoral debe continuar y el viernes se harán las Asambleas de Distrito, para elegir delegados.

La duda es si el interventor convocará a Asamblea General Ordinaria, programada para el 31 de octubre. En ella deberán ser elegidos cuatro consejeros titulares por tres Ejercicios, un consejero titular por dos Ejercicios, cuatro consejeros suplentes por un Ejercicio, un Síndico titular y un Síndico suplente, ambos por un Ejercicio.

En principio, está descartado que disponga su disolución, también prevista en la Ley de Cooperativas.

 

¿Qué pasó?

Es curiosa la decisión tomada por la Subsecretaría ya que, técnicamente, la Cooperativa tiene todo en regla: padrones de asociados, asambleas, balances y libros contables, por ejemplo.

En este escenario, el subsecretario Abraham Galo podría haber dispuesto la intervención con la sola firma del Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, sin judicializar el proceso, determinación que, por lo general, se toma una vez agotada la vía administrativa.

Una medida así de drástica también es perjudicial para la situación económica de la entidad, en especial porque queda en tela de juicio su capacidad para tomar créditos, ya sea de Bancos o proveedores.

También es llamativo que se haya hecho a menos de un mes de la renovación de autoridades, más profunda que las anteriores por la cantidad de lugares vacantes.

03-10-2019

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