Toda la zona. La pandemia ha creado numerosas redes solidarias con características muy diferentes a las conocidas hasta antes de la aparición del COVID-19, pero también va desnudando distintas caras de la miseria humana y el estado de indefensión de numerosas personas, a veces por su edad, otras por su estado de salud, las más por su condición social.

Afortunadamente, hay personas que se comprometen y exponen estas situaciones.

En los últimos días tomó conocimiento público el caso de una anciana que estaba encerrada en su propia casa, en condiciones inhumanas. Fueron los vecinos de la calle Vicente Agüero al 700 y una trabajadora social del Hospital Regional Vicente Agüero quienes informaron de su situación a las autoridades municipales de Jesús María. Según sus testimonios, ya les habían advertido lo que ocurría a funcionarios de la anterior gestión, pero no hicieron nada para remediar a esta víctima de un acto canallesco.

Ahora volvieron a la carga y la respuesta no se hizo esperar: enviaron a los promotores de bienestar para que vieran la situación de la mujer y constataron que estaba encerrada en la parte posterior de su propia casa, en un estado lamentable. Ni siquiera tenía luz. “Estaba como en una prisión, en una celda”, describió un testigo del operativo realizado en el lugar. Según sus relatos, le pasaban comida por una ventana y llegaron a tenerla atada y sin posibilidades de higienizarse.

Cuando los agentes municipales la visitaron, en la parte anterior de la vivienda no había nadie, razón por la cual no pudieron recabar más información.

En una segunda visita, le preguntaron a la persona que alquilaba la casa acerca de quién tenía la llave o se hacía responsable de la dueña de la morada y, ante la falta de colaboración, llamaron a la Policía para que abriera la puerta.

Cuando lograron ingresar, decidieron trasladarla al Hospital Regional Vicente Agüero, donde la examinaron y estabilizaron, ya que presentaba un cuadro grave de desnutrición.

Al darle el alta médica, fue alojada en el Geriátrico Municipal, donde permanecerá el tiempo que la Justicia disponga, ya que las autoridades municipales hicieron la denuncia a la Fiscalía Jesús María, a cargo del Dr. Guillermo Monti, para que investigue el caso. 

En principio, debió recibir dinero por el alquiler de la casa y de su pensión. Como fue privada de esos fondos, cabría la figura de “explotación”.

Según fuentes confiables, es hija soltera de un empleado público, razón por la cual también tiene Apross. 

Con sus ingresos y la obra social podría afrontar los gastos de un geriátrico privado.

Al hacer la investigación, apareció un sobrino que se hacía cargo de esta mujer, pero adujo que, desde que empezó la pandemia, dejó de hacerlo.

El silencio de los inocentes.

Con la irrupción del COVID-19, el sistema de salud está bloqueado “de hecho” para otras patologías, ya sea por saturación o por el aislamiento impuesto. Es un secreto a voces que muchas personas dejaron de atender su salud como lo hacían antes de la pandemia. Y los ancianos son quienes más lo sufren.

El Estado municipal ha decidido no informar sobre estas situaciones, pero fuentes inobjetables confirmaron a este diario que está haciendo acompañamiento a muchas personas y hasta entrega de viandas. Además, su respuesta es muy ágil cuando toma conocimiento de casos de personas solas.

Otro tanto ocurre con quienes están en situación de calle, la mayoría de los cuales son alcohólicos. A veces, la red de contención de la Provincia falla y cuesta mucho que habiliten un lugar para estas personas.

En Colonia Caroya.

Otro caso de desatención suficiente se registró en Colonia Caroya, donde un hombre que sufrió una lesión medular vive postrado acompañado por su madre, quien lo atiende con la ayuda de un vecino que acude a su hogar cuando necesitan movilizarlo.

La mamá tiene PAMI y en el Hospital Regional Vicente Agüero le gestionarán el Certificado de Discapacidad para que pueda acceder a una pensión y cuente con un ingreso que mejore algo su situación.

Su vivienda tiene un baño muy pequeño y no está adaptado para su discapacidad. Por ese motivo, para higienizarlo lo llevan a un lavadero que tiene ducha, pero está retirado de la casa.

Como tiene PAMI, podría acceder a un acompañante terapéutico y dejar de depender de las pocas fuerzas de su madre y de la buena voluntad de su vecino.

Cuando fue intervenido quirúrgicamente, en el Hospital Regional Vicente Agüero debieron hacerle una gestión especial para que lo recibieran en las instituciones sanitarias con mayor complejidad porque pesaba cerca de 200 Kg.

El domingo, el intendente Gustavo Brandán tomó conocimiento del caso y la respuesta fue muy rápida, pero hace tres años que la persona está en este estado.

Conocer estos casos provoca una mezcla de impotencia y bronca porque ponen en evidencia que las herramientas que ofrece el Estado no llegan a quienes debieran ser sus beneficiarios y la indiferencia de agentes públicos y vecinos condimentan una receta de desprotección pública que, de vez en cuando, sale a la superficie con el rostro más cruel de la soledad y la ineficacia.

El tamaño de nuestra esperanza es que siempre hay una cuota de piedad necesaria y suficiente para que los derechos se hagan efectivos.

29-04-2021