Duro revés para Cambiemos Colonia Caroya.

Política 09 de junio de 2018
La Junta Electoral Municipal le rechazó el pedido impugnación de la convocatoria a Referendum para enmendar la Carta Orgánica Municipal.
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Colonia Caroya. La Junta Electoral Municipal rechazó el pedido impugnación presentado por Hernán Ardiles (presidente del Comité Colonia Caroya de la UCR) y de Sergio Fernando Aguirre.

A la vez, ratificó la convocatoria a referendum, de carácter obligatorio, para el día 12 de agosto del presente año.

El texto completo de la norma dice:

"VISTO​: La impugnación formulada por Hernán Javier Ardiles y Sergio Fernando Aguirre a la Resolución Nº001/18 emitida por esta Junta Electoral.

El Señor Hernán Ardiles comparece invocando “...su carácter de Presidente del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical” (Sic) y Sergio Aguirre lo hace en su calidad de “...Concejal de Juntos por Colonia Caroya y miembro de la Junta Promotora del Pro...” (textual).

Que los impugnantes acusan a la resolución citada en los Vistos de ser nula de nulidad absoluta.

Sostienen que dicha resolución, el acto normativo en virtud del cual esta Junta la dictó (Ordenanza 2169/18) y el Decreto Nº 303/18 del Departamento Ejecutivo Municipal no se ajustan a derecho por motivos que exponen.

Reproducen artículos 259, 260 y 261 de la Carta Orgánica Municipal y citan doctrina y jurisprudencia que avalarían la interpretación “sistemática y armónica” de los tres artículos y el principio de la “interpretación conforme”.

De allí deducen que la reforma parcial a nuestra Carta Orgánica Municipal por la vía de la enmienda (artículo 261), debe realizarse con los mismos requisitos del artículo que regula su modificación por el expediente de la Convención Municipal (artículo 259). Sostienen que al Poder Legislativo en sus órdenes federal, provincial y municipal le corresponde un poder preconstituyente consistente en la declaración de la necesidad la reforma con un quórum agravado por tratarse en una de las atribuciones más trascendentes como máxima expresión de la soberanía popular y la legitimidad democrática. Y consideran que este requisito del quórum agravado es preciso “...con mayor razón en este caso de la enmienda, pues es el propio Concejo Deliberante el que está facultado para efectuar la misma... exige un grado de consenso superior al de la legislación ordinaria”.

Dicen que el Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo Municipal y esta Junta hemos violado la Carta Orgánica al efectuar una interpretación (al entender de los impugnantes) “...contraria a derecho ... que demuestra abuso de poder y ... la posibilidad de una desviación de poder ... comprendida dentro de la noción de arbitrariedad entendida ... como el proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes”. Sostienen los recurrentes que ni el Concejo Deliberante, ni el Departamento Ejecutivo Municipal ni esta Junta respetamos “...el procedimiento de mayoría agravada ... lo que torna nulos...” los actos que impugnan. ​

Y CONSIDERANDO​:

1) En primer lugar, debemos analizar si los impugnantes tienen la legitimación para accionar ante esta Junta como pretenden. Son numerosos los fallos de nuestros tribunales de justicia en los que, cuando se intenta anatematizar una norma, se exige la existencia de un interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en el recurrente que permita acreditar un nexo lógico entre el status afirmado y el reclamo que se procura satisfacer (Dictamen de la Procuración General de la Nación en autos “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo”, CSJN Tº 117). Y en este sentido la CSJN ha 2 dicho que “...la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma” (Fallos CSJN: 306:1125; 307:2384, entre otros).

1.a) En el mismo sentido, pero refiriéndose a un legislador que procura impugnar un acto parlamentario en una instancia distinta a la del parlamento que integra (como puede ser esta Junta Electoral Municipal), se tiene dicho que “...un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas.” (Fallos CSJN 333:1023 - Thomas c/ ENA – Amparo).

El TSJ ha sentado una doctrina similar en fallos como “Gutiérrez, Mónica – Legisladora Provincial – Plantea Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” dictado el 5 de julio de 2007 y en otros muchos como lo resuelto en “Alberti” (Auto 49 del 8 de junio de 1999); “González” (Sentencia 50 del año 1996) o “Molina Herrera” (Sentencia 51 también del año 1996) por citar solo algunos.

Y lo dicho por nuestros tribunales cimeros, puede válidamente extrapolarse a la inexistente “legitimidad procesal” de un concejal para actuar por ante esta Junta impugnando, en su calidad de legislador, el resultado de una votación y de una decisión del Cuerpo que integra, ya que no otra cosa es lo que intenta el impugnante Concejal Aguirre cuando sostiene que lo resuelto por la Junta Electoral es nulo por ser nulo (según él) lo dispuesto por la norma en cuya virtud esta Junta actuó.

1.b) Tampoco sirve para darle participación en estos actos de preparación del referéndum en cuanto a la impugnación a la resolución de esta Junta, la invocada representación de un partido político, tal como lo intenta el impugnante Ardiles. Es 3 cierto, según lo dispone la Carta Orgánica de nuestra ciudad de Colonia Caroya en su artículo 196, que la Junta Electoral Municipal debe establecer un sistema de fiscalización para que los Partidos Políticos puedan, si quieren, entre otras acciones, impugnar resoluciones. Mas ese mismo artículo 196 de la Carta Orgánica, dispone que ese derecho lo tienen los partidos que presenten listas de candidatos (“Artículo 196: La Junta Electoral Municipal debe establecer un sistema de fiscalización, que permita con antelación controlar, cotejar, verificar, observar e impugnar, en todo y/o en parte, padrones electorales y resoluciones. A cada partido que presente lista de candidatos se le asegura la participación de un apoderado o fiscal que pueda, en el ámbito de la Junta Electoral Municipal, realizar la fiscalización prevista en el párrafo anterior”). En otras palabras, este derecho de impugnar resoluciones de la Junta, lo tienen los partidos en elecciones generales en que ellos mismos postulen candidaturas, pero no en una instancia electoral en que no se eligen candidatos, sino que se consulta al pueblo sobre una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante.

Pero no por ello los partidos políticos son ajenos al referéndum, ya que en su calidad de instituciones fundamentales de la democracia (art.211 de la Carta Orgánica de Colonia Caroya) y conforme esta Junta lo dispuso en la Resolución que ahora se está impugnando, pueden fiscalizar el acto comicial, tal cual lo autoriza la Ordenanza Nº 2153 que regula la Participación Ciudadana y (en las disposiciones relativas precisamente al Referéndum Obligatorio) en el artículo 30 de dicha legislación local se permite a los Partidos Políticos “...fiscalizar el acto electoral”. Y acto electoral es el hecho votar o los actos llevados a cabo el día de la votación tendientes a la emisión del sufragio, pero no las actividades ni las normativas dictadas en preparación de ese acto. Fácilmente se desprende esta única interpretación, por ejemplo, del Código Electoral 4 Municipal – Ordenanza 1635 en su art.29 (“... el día del acto electoral...”), art. 39 in fine (“...la hora de apertura del acto electoral”). En igual sentido puede leerse el artículo 100 de la Ley 9571 (Código Electoral Provincial). Entonces, el representante de un partido político en su carácter de tal no está legitimado para impugnar una resolución de la Junta Electoral llamando, conforme lo dispone una ordenanza debidamente sancionada, a Referéndum Obligatorio.

Estas consideraciones nos permiten RECHAZAR IN LIMINE la impugnación en análisis.

2) Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, y aun considerando que los accionantes tuvieran legitimación para accionar como lo hacen, debemos concluir también en el rechazo de su impugnación:

2.a) La invocada nulidad de la resolución Nº001/18 de esta Junta Electoral Municipal​: No existe la nulidad por la nulidad misma. No hay nulidad si no hubiera una norma que con dicha anatema sancione el acto que se pretende nulo. ¿Cuál es la norma que anula la Resolución de esta Junta dictada porque así lo dispone una Ordenanza? Ninguna. En todo caso, lo que traería acarreada la nulidad de la Resolución atacada, es la supuesta nulidad de la Ordenanza en cuya virtud se dictó la Resolución Nº001/18. Esta junta no estaría en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad o no de una ordenanza, la cual, por provenir de un ente público, pilar del sistema republicano como es el órgano deliberativo, y sancionada conforme sus atribuciones, no nos deja ninguna otra opción que aceptar su legalidad, validez y plena congruencia con la norma superior. Por ello, actuamos conforme a derecho y a las obligaciones que nos impone la Carta Orgánica (art.195, art.232), la Ordenanza Nº 2553 (Código de Participación Ciudadana 5 en el segundo y tercer párrafo de su art.30) y la Ordenanza 1635 (Código Electoral Municipal).

La Resolución Nº001/18 dictada por esta Junta Electoral es válida. Debe rechazarse el plateo impugnativo.

2.b) La inconstitucionalidad de la Ordenanza que dispone enmienda de la Carta Orgánica: Si bien creemos que solamente los Tribunales de Justicia pueden resolver planteos de inconstitucionalidad, debemos hacer saber a los impugnantes que sus planteos son equivocados desde el momento que pretenden realizar interpretaciones de la Carta Magna citadina sin atender los parámetros correctos de interpretación de normas.

No debe hacerse decir a la ley otra cosa que no sean las que surjan de sus palabras. En función de la consagrada constitucionalmente “Autonomía Municipal”, la ciudad de Colonia Caroya se dio su propia Carta Orgánica y dispuso las maneras en que ha de modificarse. El hecho de que otras ciudades hayan adoptado un tipo de mayoría parlamentaria para proceder a la modificación de la norma suprema que las rige, no implica que nuestra ciudad deba seguirlas, copiarlas ni imitarlas, ya que por la misma Autonomía que la Constitución de Córdoba le reconoce a Colonia Caroya, esta ciudad puede darse su forma de gobierno siempre que respete el sistema representativo y republicano y los demás parámetros del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Así lo hizo el constituyente local y así legisló respecto a la posibilidad de reforma del producto que sancionó como Carta Orgánica: Estableció en su artículo 259 la posibilidad de reforma mediante Convención, con los requisitos para que en este sentido 6 el Concejo Deliberante ejerza su función “preconstituyente”, y por otro lado, dispuso en el artículo 261 la manera en que también puede ser reformada la Carta Orgánica mediante la vía de la Enmienda. También allí impuso una serie de requisitos. Entre ellos, ni se menciona la condición de una mayoría agravada para la sanción de la ordenanza que disponga la enmienda, aunque sí otros quizás más gravoso: el referéndum convalidatorio o sustitutivo de promulgación, el lapso de tiempo entre el ejercicio de esta facultad, la acotada cantidad de artículos que pueden reformarse por este trámite, etc. Pero ni por asomo se hizo mención a una determinada mayoría.

Y sabemos que el primer método de interpretación de las normas es a través de su pura literalidad. Si el texto de la ley no ofrece dificultad, sus solas palabras determinan el sentido y alcance de la norma.

Son numerosísimos los fallos de la Corte Suprema que así lo establecen; bástenos citar sólo algunos: “La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal” (Fallos: 312:2078); “La primera regla de interpretación, es que corresponde atenerse al texto de las disposiciones aplicables, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella” (Fallos 340:2021); “Cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma”(Fallos 340:905). La letra de la norma específica de la Carta Orgánica que regula lo atinente a la reforma por Enmienda (art.261), es clara y no requiere de esfuerzo ninguno en la determinación de los requisitos para proceder en base a dicho artículo. Para qué fantasear haciéndole decir a ese artículo lo que no dice, o presuponer incoherencia o errores en el constituyente local, presuposición insuficiente para fundar 7 la inconstitucionalidad de una norma y largamente rechazada por la jurisprudencia (Fallos CSJN 339:323; 340:644, entre otros muchos).

En este sentido, si bien reiteramos que no estamos en condiciones de determinar la inconstitucionalidad de una ordenanza, al ser ella el antecedente necesario del acto de la Junta que se impugna, y haber sido atacada en su constitucionalidad, nos vimos en la obligación de aclarar que ese acto normativo es congruente con la Carta Orgánica Municipal. Su consecuente, la Resolución Nº001/18 de esta Junta, también lo es; debe rechazarse la impugnación también por este motivo.

3) La apelación en subsidio. Si bien el rechazo in limine de la impugnación dada la falta de legitimación de los impugnantes nos autorizaría a denegar también el remedio subsidiario intentado; a los efectos de que los accionantes puedan agotar las vías recursivas y no sientan (erróneamente) vulnerados sus derechos a la jurisdicción, y dado lo dispuesto por el artículo 4 inc. c) y artículo 11 de la Ley 8643, se remiten estas actuaciones al Juzgado Electoral conjuntamente con la siguiente documentación, que deberá acompañar y certificar el Departamento Ejecutivo Municipal:

a) Carta Orgánica Municipal; b) Ordenanza Nº2153/18 (Código de Participación Ciudadana); c) Ordenanza Nº 1635/11 (Código Electoral Municipal); d) Ordenanza Nº 2169/18; e) Resolución Nº 001/18 de esta Junta Electoral que será certificada por esta misma Junta.

Por todo lo expuesto y las normas legales citadas,

la Junta Electoral Municipal de Colonia Caroya

RESUELVE

Artículo 1º.- RECHAZAR la impugnación interpuesta por Hernán Javier Ardiles y Sergio Fernando Aguirre contra la Resolución Nº001/18 emitida por esta Junta Electoral Municipal.

Artículo 2º.- Requerir del Departamento Ejecutivo Municipal la siguiente documentación certificada: a) Carta Orgánica Municipal; b) Ordenanza Nº2153/18 (Código de Participación Ciudadana); c) Ordenanza Nº 1635/11 (Código Electoral Municipal); d) Ordenanza Nº 2169/18.

Artículo 3º.- A los efectos de la Apelación subsidiaria interpuesta por los impugnantes, remitir al Juzgado Electoral de Córdoba la documentación citada en el artículo 2º conjuntamente con la Resolución Nº 001/18 dictada por esta Junta Electoral y esta resolución.

Artículo 4º.- Notifíquese a los impugnantes en el domicilio constituido, con copia de esta resolución.

Artículo 5º.-​ Protocolícese, hágase saber y archívese. RESOLUCIÓN N° 003/18 9

 

José Luis Dreosti             Dra. María Josefina Ochoa         Dr. Cristian Ariel Sánchez

            Vocal                                       Vocal                                         Presidente

  Junta Electoral                         Junta Electoral                                  Junta Electoral

  Colonia Caroya                       Colonia Caroya                                Colonia Caroya"