Los municipales obtuvieron un aumento del 28,7 por ciento anual.

Política 23 de marzo de 2018
La negociación de la paritaria se paralizó luego de las primeras ofertas oficiales, del 24 por ciento. El acuerdo, al tercer día resucitó de entre los muertos: el tema dejó mucho para analizar.
Municipales en Obrador

Jesús María. El primer conflicto que enfrentó la intendenta Mariana Ispizua fue con el Sindicato de Trabajadores Municipales, esta semana. Y se superó acordándoles a los empleados un aumento salarial del 28,7 por ciento para todo el año, pagadero en cinco tramos.

Los trabajadores de la Municipalidad deben estar satisfechos con lo que lograron, habida cuenta que las negociaciones arrancaron con una oferta oficial del 12 por ciento.

Sin embargo, los representantes del personal municipal arriesgaron con este arreglo: temen que la inflación licue más el salario real de los trabajadores habida cuenta que los precios suben más que los sueldos y el dinero alcanza para cubrir menos necesidades.

Por eso querían un 20 por ciento hasta junio y, tal como ha pactado  la Provincia con los docentes, sentarse nuevamente para negociar la recomposición de la segunda parte del año a partir de los índices inflacionarios.

También les preocupa a los trabajadores el aumento de Apross, en especial en el costo de los adherentes, que subió a 970 pesos mensuales.

 

Nada de “Marianita”.

Mariana Ispizua, a diferencia de Marcelino Gatica o Gabriel Frizza, que se envalentonaban e iban a enfrentar a los trabajadores donde se estaban manifestando, se mantuvo expectante y en todo momento instó al diálogo.

Al mismo tiempo, los comunicados de prensa crecían en agresividad, les facturaban a los gremialistas las pérdidas de materiales y las demoras en los servicios y, como pocas veces antes, judicializaban la protesta mediante una denuncia penal contra quienes se mantenían apostados al frente del Obrador Municipal.

 

Nuevos actores.

En el gremio la situación tampoco era la de otras movilizaciones. La Secretaria General, Mirtha Bront, por momentos se vio superada por empleados que, inclusive, se levantaron de la mesa de negociaciones cuando ella no lo hizo. También trascendió que tiene una frente interno que la cuestiona y que apoyaría a Miguel Balmaceda en ese cargo.

Sin embargo, lo más novedoso fue la participación de la Izquierda en la protesta: el PTS Córdoba, en un comunicado oficial informó que los trabajadores denunciaban que “recibieron amenazas de desalojo en el marco de un bloqueo que están realizando en el predio donde se encuentran los camiones de recolección de residuos”.

La Izquierda ha crecido en sindicatos que tienen agremiados en nuestra zona, en especial en los Jaboneros del Oeste, que agrupa a empleados de Guma S.A.

Inclusive, autoridades municipales sostuvieron en los pasillos que buena parte de quienes marcharon a la casa de la Intendenta y se manifestaron frente a su domicilio eran jaboneros que se sumaron a la protesta en apoyo a los municipales.

En esa manifestación hubo cánticos que calificaron a Ispizua de “títere de Frizza” y pusieron en duda su capacidad para ocupar el cargo que tiene. Esto podría ser judicializado, ya que puede interpretarse como violencia de género.

 

¿Y ahora?

La crisis se superó, pero el problema subsiste. Como siempre, al aumento lo cobrarán todos los empleados de planta permanente y contratados, los que protestaron y los que no apoyaron al gremio, esos que integran el “95 por ciento” al que felicitó el Diputado Nacional Gabriel Frizza por no adherir a la manera de exigir una mejor remuneración.

A decir verdad, el tema va más allá de los sueldos: las partes acordaron también la creación de una mesa permanente de trabajo, con la participación de miembros del Ejecutivo, dirigentes gremiales y representantes de los bloques políticos del Concejo Deliberante.

En ella tratarán temas que -se supone- son preocupación permanente de los sindicalistas, como: refrigerio, categorización, pases a planta permanente, revisión de coeficientes de categorías, categorías del personal que pasó a planta permanente desde 2013, entre otros.

 

Los extremos de la pirámide.

Por ahora, no cobrarán estos aumentos -al menos en forma automática- quienes tienen contrato de locación de servicios o integran cooperativas de trabajo vinculadas a la Municipalidad.

Sí lo cobrará la planta política. Hoy la integran 19 personas y cuesta más de un millón de pesos por mes, sin el aumento.

Hasta que asumió Gabriel Frizza, tenía la mitad de integrantes. Como su decisión política -pactos pre existentes, que les llaman- fue no prescindir de ninguno de los colaboradores de Marcelino Gatica, los dejó en el Gabinete y nombró también a sus personas de confianza, duplicando los comandos.

En algunas áreas es todavía evidente que hay problemas operativos por esa determinación, pero quien debiera pedir explicaciones nunca lo hizo: la oposición.

 

La Izquierda le puso el cuerpo.

La legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, estuvo frente al Obrador varios de los días que duró la protesta y declaró: “Nuevamente se recurre a la represión ante un reclamo justo de los trabajadores. En Jesús María sólo el 25 por ciento de los trabajadores están en planta y cobran una miseria. El promedio de los salarios apenas supera los 9 mil pesos, mientras los funcionarios ganan arriba de 50 mil y la Intendenta 82 mil pesos ¿Cómo puede vivir una familia con un salario que es la mitad de lo que está hoy la canasta de pobreza?”.

Por otro lado, la legisladora hizo responsables al gobierno municipal y a la Provincia por la amenaza de desalojo: “Su reclamo es justo y llevan adelante medidas de fuerza para conseguirlo. Pero el gobierno municipal hace oídos sordos y en común con la Policía provincial los quieren desalojar. Hacemos responsable a Schiaretti y la Intendenta por cualquier situación de violencia institucional que se ejerza sobre los trabajadores”.

23-03-2018