El alumbrado público quedó en un cono de sombras.

Urbanismo 09 de marzo de 2018
No podrá ser facturado con el consumo domiciliario y abre un interrogante para las municipalidades: cómo recaudarán para pagar la energía eléctrica que consumen las ciudades.
Alumbrado público

Toda la zona. El Gobierno de la Provincia avaló esta semana una disposición del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) por la cual se liberan las boletas de servicios de provisión de electricidad de costos que no se vinculan al consumo de energía.

La Resolución General N° 10 del Ersep obliga a tomar esta medida a las cooperativas que distribuyen electricidad en el interior provincial y, de manera indirecta, afecta a los municipios al limitar las tasas municipales que se cargan a las Facturas.

El Foro de Intendentes Radicales calificó a la medida de inconstitucional.

 

¿Qué pidió el Ersep?

Entre los cambios resueltos por el ente se destacan:

- La eliminación de los impuestos municipales por el uso del espacio público: especificó que es gratuito.

- Tanto Epec como de las cooperativas no serán más agentes de retención de tasas municipales o comunales

- No podrán facturar otros servicios en la misma boleta de energía.

 

Repercusión local.

En nuestra zona, la Cooperativa no podrá cobrar más en la Factura de electricidad los servicios de adhesión voluntaria, como el Banco de Sangre, el Subsidio por Fallecimiento o el Servicio de Sepelio Básico.

En cuanto a los denominados “gastos operativos”, las cooperativas en su conjunto salieron a defender este instrumento que les permite recaudar para afrontar los gastos de mantenimiento, insumos y demás. Desde su aplicación, la Provincia nunca lo objetó.

Para saber si también será eliminado habrá que esperar a que las Facturas se presenten ante el Ersep para su validación, ya que el modelo de Factura, previo a su implementación, deberá ser presentado por las prestatarias ante el ente regulador.

Tampoco estará incluido en las mismas el alumbrado público de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, que es un 17 por ciento sobre la facturación del servicio de energía.

A este dinero lo recauda la Cooperativa y se lo rinde como compensación de deuda a cada Municipalidad. Así se cubre el costo de la energía consumida por las luminarias, los semáforos y las dependencias municipales. A su vez, la Municipalidad le cobra a la Cooperativa el uso del espacio público.

 

Problema antiguo.

Este acuerdo zanjó una discusión que llevó años, en el caso de Jesús María, y se agravó en las gestiones de Héctor Mario Picat y Lucas Torres, cuando la Cooperativa estuvo a punto de cortarle el servicio a la Municipalidad por la falta de pago.

Finalmente, la deuda fue saldada con terrenos municipales en el actual B° Bulgheroni y se acordó una ecuación que derivó en el actual 17 por ciento.

Desde entonces, el item “alumbrado” que se cobra en la Tasa a la Propiedad –alumbrado, barrido y limpieza- se destina al mantenimiento de la red de alumbrado público, a renovación de luminarias y semáforos y a la ampliación del servicio, que no es sólo estético: una iluminación adecuada aporta al mejoramiento de la seguridad, por ejemplo.

Un caso concreto que nos ayuda a dimensionar este aspecto: la iluminación del cruce de las rutas nacionales 9 y 60 consume la misma cantidad de energía que toda la población de Sarmiento.

 

Perjuicio municipal.

El nuevo escenario que plantea la medida provincial ha puesto a trabajar a los equipos técnicos municipales para ver de qué manera compensarán el dinero que no les ingresará más para sostener el alumbrado y de qué manera cobrarán la energía consumida “por todos”.

También plantea que los municipios pasan a ser grandes consumidores, pero no pagan una tarifa diferenciada.

El Foro de Intendentes Radicales sostiene que “se pretende modificar de manera arbitraria, inconsulta e inconstitucional los criterios y métodos de aplicación de tributos municipales, que están relacionados de manera directa con financiación del servicio de alumbrado público. Servicio que tiene incidencia en la calidad de vida y la seguridad de los vecinos”.

Para los jefes comunales de la UCR, “esta determinación no surge de las competencias del Ersep” porque el ente “no tiene competencia sobre los servicios públicos municipales; los mismos son competencia exclusiva de los municipios en virtud de la autonomía municipal establecida en la Constitución Provincial y Nacional”.

Políticamente, cuestiona a Schiaretti que “mientras el Gobierno Nacional se relaciona institucionalmente con las provincias a través del diálogo y el consenso, el Gobierno de la Provincia toma decisiones arbitrarias, sin respetar la Constitución y con el único objetivo desfinanciar a los municipios”.

El titular del Ersep, Mario Blanco, no dijo explícitamente que el “tarifazo” es consecuencia de las medidas tomadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, pero sostuvo que buena parte del conflicto es por el precio de la energía mayorista y lo que le cuesta a Epec esa energía: el precio del megavatio residencial era 31,55 pesos en enero de 2016 y hoy es 1089,50 pesos, o sea que aumentó 3422 por ciento en dos años.

De todos modos, aceptó que los incrementos aplicados “se ajustan a índices específicos que se publican y no hay forma de que nosotros podamos alterar esa ecuación”.

“Eso tarde o temprano iba a impactar”, expresó, pero sostuvo que “también hay que examinar a las propias cooperativas”, generando un descontento importante en la dirigencia de las mismas, que abastecen el 70 por ciento del territorio provincial, donde vive el 30 por ciento de la población cordobesa.

09-03-2018