La Cooperativa negocia el uso del espacio aéreo de Jesús María.

La Municipalidad le cobra 8,2 millones de pesos de tasa, desde marzo de 2018 hasta abril de 2020. La Cooperativa argumenta que está exenta del gravamen, que es el 1,5 por ciento de su facturación.

Economía 17 de julio de 2020
Cables

Jesús María. Desde el año 2018, la Municipalidad de Jesús María y la Cooperativa de Servicios Públicos discuten acerca del pago de la contribución que incide sobre la ocupación y comercio en la vía pública denominada “Tasa espacio aéreo”, que cobra el gobierno local.

Así, la Municipalidad considera que la Cooperativa debe pagarle el 1,5 por ciento de su facturación mensual por el uso del espacio que ocupan sus cables de diferentes tipos.

El tema no ha pasado a mayores, pero las autoridades de ambas partes quieren ponerle un punto final.

El pasado 22 de junio, mediante un decreto, la Municipalidad rechazó un Recurso de Reconsideración interpuesto por la Cooperativa, confirmando y ratificando las determinaciones y liquidaciones efectuadas de oficio por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, tomando como base las facturaciones declaradas bimestralmente por la empresa de la economía social.

Hasta ese momento, su deuda con el municipio asciende a 8,2 millones de pesos.

Fuentes confiables informaron a este diario que, a esa fecha, la deuda municipal por alumbrado público y por varios de los servicios prestados por la Cooperativa era de 12 millones. La Municipalidad pagó 4 millones y dejó como prenda de negociación los 8 millones que le debería la Cooperativa.  

Mientras el Estado municipal aduce que su autonomía le permite fijar gravámenes como esta tasa, la Cooperativa argumenta que los mismos son de competencia nacional.

Los fallos a favor de municipalidades y de cooperativas marchan parejos.

Si bien los municipios tienen atribuciones tributarias originarias, poseen ostensibles limitaciones para crear tributos en virtud de la distribución tributaria entre la Nación y las Provincias.

A su vez, en la jurisprudencia de la Corte se ha resaltado la necesidad de que la tasa requiere de un servicio concreto, efectivo e individualizable.

Por otro lado, en 2010 resolvió que las empresas que brindan el servicio de telefonía tradicional no deben pagar tributos municipales relacionados con la ocupación y uso del suelo y espacio aéreo para las instalaciones y redes de prestación del servicio público de telecomunicaciones.

La causa corresponde a un juicio iniciado por la Municipalidad de Olavarría contra la empresa Telefónica, por considerar necesario el cobro de una tasa por la utilización de espacios públicos y aéreos.

El dictamen establecido considera que los tributos municipales no pueden ir contra lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nacional de Telecomunicaciones, mediante la que el Estado Nacional eximió a este tipo de empresas del pago de todo gravamen nacional, provincial o municipal, en la medida en que esas instalaciones privadas permiten la prestación de un servicio público.

Los juicios contra las firmas de telecomunicaciones extranjeras han sido varios en todo el país tras la privatización de Entel, cuando se produjo el arribo de Telecom y Telefónica, lo que originó una tendencia por parte de los distritos a exigir a las empresas privadas gravámenes por uso u ocupación del espacio aéreo bajo sus jurisdicciones. Y muchos municipios ganaron los litigios.

 

El caso de Sarmiento.

En 2012, la Municipalidad de Sarmiento y la Cooperativa que distribuye energía eléctrica en la localidad no lograron ponerse de acuerdo en el monto de las deudas impagas que tenían entre sí.

La Cooperativa le debía 700 mil pesos a la Municipalidad y ésta le adeudaba 750 mil pesos a la empresa de la economía social.

Recién en 2017 terminó la cuestión, con dos juicios fallados en contra de la Municipalidad y 10 en contra de la Cooperativa.

El gobierno local le embargó vehículos y terrenos a la prestadora de servicios y forzó un arreglo: cobró 1,9 millón de pesos y perdió 450 mil pesos de honorarios.

Los abogados y los honorarios le costaron otro millón de pesos a la Cooperativa, más 260 mil pesos de Martillero Público y 67 mil pesos de costas judiciales.

¿Quiénes pagaron esos casi 3 millones de pesos? Los usuarios.

17-07-2020

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