El Concejo Deliberante caroyense saliente aprobó casi 400 ordenanzas.

Política 27 de septiembre de 2019
Empezó con la Emergencia Económica y dedicó casi toda la gestión a trabajar en un Código de Planeamiento Urbano, aunque sin llegar a sancionar nada. Terminó con una discusión mediática sobre los proyectos presentados por los bloques.
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Colonia Caroya. Un total de 389 ordenanzas sancionó el Concejo Deliberante de esta ciudad que seguirá en funciones hasta el lunes.

La cifra no es menor, aunque menos del 10 por ciento fueron proyectos surgidos de iniciativas de un edil o de un bloque legislativo. El resto -355 textos- fue elaborado por el Departamento Ejecutivo y discutido en el seno del Legislativo.

A su vez, la oposición cuestionó: “De 40 proyectos que presentamos, nos aprobaron seis”. Esto es, entre 2015 y 2019.

En realidad, fueron 18 los proyectos presentados en cuatro años por el bloque de la UCR, que aún integran Amilcar Ñañez, Elizabeth Peralta y Guillermina Biondi, y el bloque unipersonal de Juntos por Colonia Caroya (Sergio Aguirre). Algunas veces trabajaron juntos y otros lo hicieron como bloques separados.

El oficialismo sancionó 27 ordenanzas que fueron ideas de sus ediles: Alejandro Ghisiglieri, Cecilia Migotti, Mariano Oliva, Melisa Díaz Heredia y Juan Pablo Prosdócimo.

La labor parlamentaria comenzó hace cuatro años, cuando aprobaron la Emergencia Económica y suscitó la primera polémica entre los dos sectores más importantes de la política local.

La expropiación del Parque de Guyón, las prohibiciones del agroquímico Dicamba y del uso de pirotecnia, la reglamentación sobre la tenencia de animales en zona urbana y rural, la protección de viejas construcciones, el “patentamiento” de motos y autos antiguos, el plan de desagües, el Código de Participación Democrática, algunas legislaciones sobre género (adhesión a la Ley Micaela, por ejemplo), el nombramiento de Reserva Hídrica al canal San Carlos y la actualización del Código de Tránsito fueron algunas de las ordenanzas que se destacaron en la discusión legislativa.

Este Concejo también aprobó la histórica enmienda de la Carta Orgánica Municipal, permitiendo la reelección en los cargos y la creación del Fondo del Progreso, posteriormente avalados por voto popular.

También intentó legislar sobre algunos temas en los cuales no logró los resultados esperados: exigió a la Cooperativa de Servicios Públicos que saque los transformadores de Ruta 9 y Av. San Martín; cambió una ordenanza de telefonía celular esperando inversiones que no llegaron; propició que los comercios se adapten a personas celíacas (ninguno lo hizo) y prohibió los carteles de altura en la Av. San Martín, pero no reglamentó la normativa.

La gran deuda, por cuestiones ajenas al Concejo, fue no haber podido aprobar nada del objetivo principal de la gestión: tener un nuevo Código de Planeamiento Urbano.

La tarea del Consejo de Planificación Estratégica llevó más tiempo del imaginado y los actuales ediles no alcanzaron ni siquiera a votar el proyecto de la nueva zonificación. Sólo se limitaron a cambiar artículos de la ordenanza 1788/13 o suspender otros. Así, pasaron otros cuatro años y la ciudad sigue sin reglas claras para las nuevas edificaciones y subdivisiones.

Tampoco definió su postura sobre el polémico loteo de camino a Los Molles, conocido apenas asumió Gustavo Brandán, aunque esa también fue una estrategia política para dilatar el tema.

Mientras debatía ordenanzas, el Concejo también tuvo discusiones por las ausencias registradas en las comisiones y las llegadas tardes. Esto derivó en que, por primera vez, publicaron las planillas de asistencia. Hasta en la última sesión hubo planteos por ese tema. Sin embargo, a nadie le descontaron de su dieta durante los cuatro años.

27-09-2019

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